Según señaló, serían 60 integrantes que amenazan y extorsionan a comerciantes y vecinos del sector: “Esta estructura tiene varios delitos: extorsión (cobran a las empresas de arepas para distribuir), venta de estupefacientes, desplazamientos forzados, amenazas a funcionarios públicos (Policía), vigilancia ilegal y homicidios selectivos”, aseguró.
¿Las cámaras las maneja una integrante de la Junta de Acción Comunal (JAC)?
La funcionaria dijo que la presunta responsable del manejo sería una integrante de la Junta de Acción Comunal de la zona y hasta habría pedido plata al distrito para poner las cámaras.
”Al parecer, y como me lo han dicho, resulta que ha pedido dinero del presupuesto participativo del distrito de la ciudad de Medellín para comprar este sistema de monitoreo. En su casa tiene todas las pantallas, desde donde hace control y monitoreo como si fuera una empresa de vigilancia, pero en este caso, es una empresa de delincuencia”, dijo Carrasquilla indicando que esta mujer es la que le avisa los movimientos de la zona a los integrantes del grupo.
Cobros y extorsiones
Dentro de esa denuncia, Claudia Carrasquilla manifestó que los bandidos imponen sus reglas cobrando vacunas desde $ 1 millón a los residentes y hasta $ 5 millones a los comerciantes de la zona.
Además, dijo que realizan unas rifas desde 600.000 hasta 1.000.000 de pesos para poder financiar las acciones del grupo. Lo delicado es que, presuntamente, a los que no ‘colaboran con la causa’, los hacen desplazar y hasta los matan.
A continuación, puede ver la denuncia completa en el siguiente video:
Finalmente, Q’HUBO consultó con la Secretaría de Seguridad de Medellín sobre esta situación, a lo que ellos respondieron que ya están al tanto de la denuncia y se encuentran investigando para emitir un pronunciamiento oficial.
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