Como ya es conocido, a partir del 1.° de enero del presente año comenzó la reducción progresiva de las semanas de cotización necesarias para que las mujeres puedan acceder a su pensión en Colombia, mitigando así las brechas de género causadas por la informalidad, la maternidad y el trabajo de cuidado no remunerado.
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Actualmente, las semanas requeridas son 1250, pero se espera que entre los años 2036 y 2037 puedan bajarse totalmente a 1000 semanas para que las mujeres puedan pensionarse. Ahora, la Corte Constitucional, bajo la sentencia SU-440 de 2021, estableció que las mujeres cisgénero no son las únicas que hacen parte de esta reducción, sino también las mujeres trans, quienes deben tener los mismos derechos pensionales siempre y cuando realicen la corrección del componente sexo en su documento de identidad. Esto aplica para todos los fondos de pensiones, tanto los privados como los públicos.
La historia detrás del dictamen
Este fallo se dio bajo el caso de Helena Vargas, una mujer trans que tiene 68 años y es contadora pública. En el 2017, ella hizo el cambio de sexo de masculino a femenino en su documento de identidad, y en el 2018, acumulando un total de 1982 semanas cotizadas y teniendo 59 años, solicitó su mesada a Colpensiones.
Sin embargo, la entidad le negó la solicitud porque, según ellos, el cambio en la cédula “no tenía efectos pensionales” y, por lo tanto, debía esperar hasta los 62 años, edad en la que se pensionan los hombres. Por esto, ella interpuso una acción de tutela de la cual salió victoriosa, haciendo que se respete su derecho como mujer trans hasta para pensionarse. La Corte determinó que esto fue un acto discriminatorio que vulnera la dignidad humana y la identidad de género.
La Ley 2381 de 2024 reduce el número de semanas cotizadas requeridas para las mujeres y, además, les otorga el beneficio de disminuir 50 semanas por cada hijo.
El jalón de orejas a los fondos de pensiones
La sentencia dejó claro que el Estado y los fondos de pensiones tienen un deber cualificado de conducta. Esto les prohibe utilizar interpretaciones restrictivas de las leyes previsionales para invisibilizar la identidad de las personas y las obliga a aplicar de manera inmediata los beneficios de la reducción de semanas y edad a todas las mujeres del país, sin distinción de su transición o su condición de cisgénero o transgénero.
Ginna Yulieth Soto / Q’HUBO B
