El presidente Gustavo Petro confirmó que el Gobierno destinó cerca de $ 10.000 millones del Presupuesto General de la Nación en la contratación de una firma de abogados que los representara a él y a Verónica Alcocer en un proceso relacionado con sanciones financieras.
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Este sábado 17 de enero, Petro admitió que se utilizaron recursos públicos para contratar una firma internacional de abogados en un proceso para salir de la Oficina de Control de Asuntos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), conocida como la Lista Clinton.
Así se realiza la contratación
Los $ 10.000 millones de pesos son justificados por el mandatario como una respuesta a gestiones adelantadas por sectores de la oposición ante autoridades norteamericanas y responsabilizó, a través de su cuenta de X, a sus detractores políticos, quienes, según él, lo hicieron necesitar esa asesoría legal.
La firma contratada fue Amadeus Consultancy Limited. El contrato, suscrito el 9 de enero de este año, tiene un plazo de ejecución hasta el 30 de abril y se hizo de manera directa con el Departamento Administrativo de Presidencia de la República, DAPRE.
El objeto del contrato constituye asesoría, representación y defensa jurídica de Gustavo Petro y Verónica Alcocer ante las autoridades estadounidenses en asuntos relacionados con sanciones financieras; la decisión ha despertado opiniones, indignación, críticas y cuestionamientos desde distintos sectores de la opinión pública.
Cuestionamientos legales y control disciplinario
La denuncia fue presentada por la representante a la cámara Katherine Miranda, quien cuestionó la necesidad, el monto y el procedimiento utilizado para la contratación y señaló que la defensa legal, que en un principio sería gratuita, se convirtió en un contrato multimillonario financiado por recursos públicos.
Por su parte, tras la polémica, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación para establecer si en la celebración de dicho contrato se cumplieron los principios y requisitos de la contratación estatal y si hubo un posible detrimento patrimonial.
Periodistas, economistas y congresistas también emitieron sus críticas, calificaron la contratación como abuso de recursos y cuestionaron las responsabilidades fiscales y disciplinarias que deberían recibir como consecuencia, aunque el mismo Gobierno sostenga que la contratación haya sido necesaria.
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