En rueda de prensa, realizada de manera conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía, se entregaron algunos detalles sobre cómo avanza la investigación por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay.
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El general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, afirmó que en torno a este atentado ha circulado mucha información falsa, que lo que busca es “crear confusión y desviar el proceso investigativo”.
Parte de esa información falsa es el supuesto hallazgo de un celular en el lugar de los hechos con unos supuestos chats. El general Triana aseguró que esa información fue difundida por un medio de comunicación que ya la retiró y aclaró que esas conversaciones eran de otro caso.
El alto oficial precisó que aunque al menor aprehendido no le hallaron celulares, sí se investiga dónde está uno que utilizó días anteriores a la fecha del atentado, según quedó registrado en unas imágenes anteriores al atentado.
Por su parte, Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, detalló que el menor habría sido captado por una red dedicada al sicariato. La funcionaria informó que en la casa del menor y de otros familiares realizaron dos allanamientos en los que recuperaron importante evidencia.
Asimismo, indicó que ya se tiene el recorrido que hizo el señalado sicario desde su casa hasta el lugar de los hechos, en el barrio Modelia, y el que realizó el senador Uribe para establecer si estaba siendo víctima de seguimiento, lo cual sería muy probable.
El general Triana aseguró que se realizó una verificación con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos y se estableció que el arma fue comprada el 6 de agosto de 2020 en el estado de Arizona.
“Fue adquirida de forma legal, pero ahora estamos verificando su ingreso a Colombia”, manifestó el director de la Policía Nacional, quien añadió que también se indaga para determinar cómo llegó el arma al país y quienes estuvieron involucrados en su traslado hasta llegar al punto del atentado.
Entre tanto, la Fiscal Camargo explicó que el arma está siendo sometidas análisis para determinar si fue utilizada en otros hechos criminales.
En caso de ser hallado culpable, el presunto sicario podría enfrentar una sanción de hasta 8 años de internamiento en un centro especial para menores infractores, según los lineamientos de la ley 1098 de 2006, cuyo objetivo es que la sanción sea educativa y reparadora, con el fin de restablecer sus derechos.
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Por ahora el menor permanece en un centro asistencial bajo protección policial y en custodia del Instituto Colombiano de Bienestar familiar. Su aprehensión ya fue legalizadas y está a la espera de la audiencia de imputación de cargos por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.
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