La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) volvió a poner en cintura a varias empresas del sector lácteo tras confirmar que sí vendieron como leche entera un producto adulterado con lactosuero, un ingrediente que no está permitido y que engaña de frente al consumidor.
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La entidad revisó los recursos de reposición que presentaron Gloria, Lactalis, Hacienda San Mateo y Sabanalac, pero ninguna logró demostrar que sus productos cumplían con la composición natural de la leche. La primera sanción había sido anunciada el pasado 12 de febrero y ahora quedó más firme que nunca.
Las muestras tomadas a marcas como Medalla de Oro, Máxima, Algarra, De la Cuesta, Alkosto Hiperahorro, Parmalat, Latti y Pomar mostraron niveles de CMP (un tipo de lactosuero) imposibles de justificar por temas biológicos, ambientales o de manipulación. Es decir, no fue un accidente: el producto estaba alterado.
El Invima también aportó pruebas clave, pues sus análisis evidenciaron concentraciones altas de CMP en varias de estas marcas. Entre las páginas 10 y 17 del expediente quedó claro que esos niveles no corresponden a una leche entera real.
La SIC concluyó que tres de estas empresas: Gloria, Lactalis y Hacienda San Mateo, obtuvieron una ventaja competitiva indebida al reducir costos usando lactosuero, compitiendo deslealmente con las compañías que sí cumplen la norma. En el caso de Sabanalac, aunque se comprobó la adulteración, no se evidenció que hubiera ganado ventaja frente a sus competidores.
Además de los exámenes técnicos, la investigación encontró otros indicios comprometedores, como inventarios de lactosuero sin justificar y costos de producción sospechosamente bajos.
Con todo esto sobre la mesa, la Superintendencia decidió mantener en firme las sanciones. El organismo aseguró que las prácticas detectadas afectaron la transparencia del mercado y vulneraron el derecho de los consumidores a recibir un producto que corresponda a lo que dice la etiqueta.
La resolución ya está en proceso de notificación y no admite recurso de reposición. En pocas palabras: la decisión es definitiva y las empresas tendrán que asumir el castigo por engañar al consumidor.
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