Después de cuatro debates en el Congreso, el Senado aprobó la ley contra el ruido, un proyecto que lideró Daniel Carvalho, representante a la Cámara por Antioquia. Este proyecto busca crear una política pública para que las autoridades puedan controlar la contaminación acústica.
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Es decir, se busca que la Policía tenga más herramientas para controlar el ruido en las casas, uno de los principales lugares en los que hay más problemas de bulla por culpa de las fiestas o reuniones.
Las denuncias por ruidos las puede hacer en la línea 123.
Desde 2006, el país definió los niveles máximos de emisión de ruido en las diferentes zonas y sectores, como residenciales, industriales, de comercio, entre otras. En la actualidad hay 17 normas nacionales que existen para hacerle frente a la contaminación, pero cada una trabajaba por su lado.
“Tomamos la normativa que había alrededor del ruido y la reorganizamos porque estaba dispersa y confusa. Y aclaramos las responsabilidades de las autoridades y la ruta de atención al ciudadano, porque hoy las autoridades se chutan la pelota entre ellas”, explicó Carvalho.
Por ejemplo, en los apartamentos y casas, no se puede superar los 65 decibelios en el día ni los 55 en la noche, es decir, la bulla que hace un grupo de gente conversando en voz muy alta.
Con esta ley se impondrán multas a quienes sean bullosos, se podrá atender un problema de comunidad y que genera quejas de residentes en diferentes sectores tanto de Medellín como de otras ciudades. También se incluirán indicadores que sirvan para evaluar si en una zona hay o no contaminación acústica, mapas estratégicos de ruido y definición de las zonas acústicamente saturadas.
Por eso los comparendos por alterar la tranquilidad de un barrio subirá de 8 a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, unos $ 693.333.
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Además se creará una Política de Calidad Acústica en el país con la que se buscará proteger la fauna y flora que viven en las zonas verdes de las ciudades y que son de las que más sufren con el ruido excesivo.
Esta ley obliga a que en un año y medio las alcaldías creen un plan de acción para gestionar el ruido en el territorio, porque hasta el momento no está claro cuál es el conducto regular para denunciar a los vecinos ruidosos.
En Medellín se creará un escuadrón contra el ruido ya que la capital antioqueña enfrenta una crisis. En lo que va del 2024, se han dado al menos 111 mil llamadas a la línea 123 con quejas por bulla; pero además de ser una unidad de reacción inmediata también se ocupará de hacer actividades pedagógicas junto a funcionarios de las secretarías de Seguridad, Cultura, Medio Ambiente, Salud y Participación.
“Los ciudadanos afectados afirman que enfrentan una especie de ‘ruta de la muerte’ a la hora de denunciar, porque envían las quejas a distintas dependencias y nadie responde”, explicó Camilo Quintero, uno de los técnicos del proyecto.
Para que esto no quede solo en el papel, la ley buscará la creación de un subsistema de vigilancia de calidad acústica que utilizará una plataforma de datos sobre los niveles de ruido.
