La situación actual de los derechos humanos en el Valle de Aburrá y en general en Antioquia es grave y merece el abordaje conjunto entre los diez municipios. Esto permitiría atender de manera integral problemas como la violencia contra las mujeres, la emergencia climática, los flujos migratorios mixtos, el desplazamiento forzado y la explotación sexual de menores, entre otros.
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Esta fue una de las conclusiones más relevantes del Foro Metropolitano de Derechos Humanos, organizado en la Universidad de San Buenaventura (USB), sede Bello, por la Alcaldía de ese municipio en alianza con entidades como la Alcaldía de Medellín, las personerías de Bello y Medellín, el proyecto Integra de Usaid, la institución anfitriona y Acnur.
Elkin Eduardo Gallego, director técnico de Derechos Humanos de Bello, valoró que espacios como este foro propicien reflexiones para hallar estrategias comunes que permitan a los municipios del Aburrá y de Antioquia en general atender esta crisis.
“Estas problemáticas no son exclusivas de un municipio y trascienden las fronteras del área metropolitana y el departamento. Prevenir esos fenómenos se logran en la medida que nos articulemos las diferentes entidades públicas y la sociedad civil”, dijo Gallego.
De igual forma, Catalina Pérez, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la USB, indicó que la responsabilidad de solucionar estos problemas no solo recae en las entidades públicas. En su rol como agentes de opinión y de transformación, la academia tiene el deber de vincularse a estas iniciativas y unir esfuerzos para generar procesos pedagógicos y críticos.
“Debemos liderar procesos de denuncia y de visibilización de las distintas violencias, como una forma de pensarnos juntos en qué hacer y cómo transformarnos, generando entornos más pacíficos”, afirmó Pérez.
¿Cómo está el panorama?
La situación en la región es crítica. El panorama local coincide con las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que una de cada tres mujeres sufren violencia física o sexual en algún momento de sus vidas.
Por otro lado, en el Foro se hizo énfasis en que, según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, hasta julio se registraron 500 delitos de este tipo en el país durante 2024.
Esto por mencionar solo uno de los problemas más graves, como lo es la violencia contra las mujeres, porque en otros asuntos igual de complejos, el Valle de Aburrá ha visto un aumento en las denuncias de explotación sexual de menores, y otros como el desplazamiento forzado.
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Además, el alto flujo migratorio que se ha registrado en el área metropolitana en los últimos años, que ha atraído a cerca de 400 mil migrantes, en su mayoría venezolanos, ha incrementado el riesgo de la trata de personas.
José Rolando Serrano, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, hizo énfasis en que en la región se evidencia un “silencio cómplice”, por el temor que sienten algunas personas de denunciar y recibir represalias.
Este es un tema ante el cual las autoridades deben actuar con urgencia. Bibiana Catalina Caro, abogada, feminista y coordinadora del Centro de Estudios de Género Masculinidades, señaló que hay estudios que indican que se han evidenciado hasta 540 barreras para que las mujeres y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad denuncien algún tipo de violencia.
Se refiere, por ejemplo, a la valoración subjetiva de cada caso que hacen algunos funcionarios por prejuicios o sesgos. Este es un tema clave para alentar a las víctimas a romper ese silencio cómplice del cual habla el secretario de Serrano.
Este foro hizo parte de las discusiones que la región necesita para superar la crisis de derechos humanos, con la intervención de toda la sociedad en general.
