Ahora sí es oficial: en un multitudinario evento, el presidente Gustavo Petro promulgó dos importantes leyes para la protección de los animales en el país: la Ley Ángel, que endurecerá las penas contra los agresores, y la Ley Lorenzo, con la que se busca mejorar las condiciones de los perros utilizados en vigilancia.
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Ambas leyes, promovidas por la senadora Andrea Padilla, buscan transformar la relación entre humanos y animales, y fueron bautizadas así en honor a dos animales maltratados: Ángel, un perrito que fue despellejado vivo en Boyacá; y Lorenzo, un canino de vigilancia que fue maltratado por una celadora en un centro comercial de Bogotá.
La Ley Ángel, identificada como la Ley 2455 de 2025, endurecerá las penas para las personas que maltraten o asesinen animales. Ahora un agresor podrá enfrentar penas de prisión de más de cuatro años, lo que convierte este delito en no excarcelable. Además, las multas pasaran de 5 a un rango entre 15 y 30 salarios mínimos si hay lesiones graves, y de 30 a 60 en caso de muerte.
Adicionalmente, se introducen agravantes específicos, como la violencia vicaria ejercida a través de animales, la difusión de pornografía o escenas de violencia animal, y la mutilación de animales en actividades económicas.
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Esta legislación también le da facultades especiales a las autoridades pues, ante una sospecha de maltrato, la Policía tendrá vía libre de ingresar a una vivienda sin necesidad de una orden judicial. Esta institución también deberá implementar una ruta de atención específica para casos de maltrato, así como un protocolo especial para aquellos animales que hayan sido víctimas del conflicto armado.
Ley Lorenzo
La Ley Lorenzo, por su parte, busca regular el uso de perros en labores de vigilancia, de manera que se respeten sus derechos y tengan acceso a un retiro digno una vez no puedan seguir trabajando.
Esta normativa establece que las empresas que utilicen a los caninos deberán cumplir ciertos estándares de bienestar, como jornadas de trabajo específicas, tiempos semanales de descanso y recreación, adecuación de los caniles y alimentación y servicios veterinarios óptimos.
Además, se redujo su edad máxima de trabajo de ocho a seis años y se estableció a que deben ser esterilizados a partir de los seis meses de edad.
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