Luego de posesionarse como presidente, De la Espriella encabezó el primer consejo de seguridad y oficializó su gabinete ministerial.
Con la banda presidencial puesta y tras tomar posesión como nuevo presidente de Colombia , Abelardo de la Espriella ya comenzó a tomar medidas de cara a los próximos cuatro años.
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Lo primero que hizo fue oficializar el nombramiento de quienes lo acompañarán como ministros de las diferentes carteras, quienes desde ya podrán asumir sus respectivas funciones.
Para ello, se firmaron seis decretos que dejaron en firme los nombramientos de los 18 ministros, 9 hombres y 9 mujeres, y de otros cinco cargos clave de la Presidencia, encargados de poner en marcha el plan de la 'Patria Milagro'.
Horas más tarde, el nuevo Gobierno llevó a cabo su primer consejo de seguridad, que se extendió por aproximadamente cuatro horas, hasta la madrugada de este sábado, 8 de agosto.
El encuentro Reunión a la cúpula militar y de Policía, al ministro de Defensa, Jorge Mora, al ministro de Justicia, Iván Cancino, ya los gobernantes del suroccidente del país para analizar la situación de seguridad en esa región.
Si bien no se dio a conocer detalles de la reunión, trascendió que uno de los objetivos es ejercer control sobre las economías ilícitas mediante la aspersión aérea y recuperar la seguridad en el territorio.
Entre sus primeras decisiones, el abogado anunció la expedición de un decreto con el listado de organizaciones consideradas terroristas, con el objetivo de dotar de herramientas legales a la Fuerza Pública.
En otros temas de seguridad, indicó el cierre definitivo de las mesas de diálogo con grupos armados al margen de la ley y anunció la construcción de megacárceles de máxima seguridad.
Siguiendo esta línea, el Gobierno puso en marcha una operación en la que, con apoyo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fueron trasladados 117 internos de alto perfil vinculados a negociaciones de paz hacia cárceles de máxima seguridad en diferentes regiones del país.
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Según el ministerio de Justicia, todo apunta a tener control de las cárceles, hacer cumplir las normas y que se cumplan las órdenes judiciales.
En cuanto a lo económico, anunció el congelamiento del gasto publico y señaló que se firmará un decreto para establecer esta medida, argumentando que el crecimiento del gasto estatal y el endeudamiento de los últimos años deterioraron las finanzas nacionales.
¿Qué significa? limitar temporalmente la ejecución de ciertos recursos o impedir que algunas entidades públicas incrementan sus niveles de gastos.
Otra de las decisiones fue una reforma tributaria estructural, la cual estará orientada a simplificar el sistema, combatir la evasión y un ambiente para fortalecer la inversión, la producción y el empleo.
Dentro de ellos, estará la eliminación del impuesto al patrimonio, con el argumento de que el Estado no debe castigar a quienes invierten y generan riqueza.
Cabe recordar que este impuesto se les cobra a los que tienen bienes y activos de más de $ 3600 millones.
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