La situación ha sido especialmente cruda con la población rural de municipios como Tibú, El Tarra y Teorama, y sobre todo, con los firmantes de paz de las extintas Farc que realizan sus procesos de reinserción en la zona. Este año van 6 muertos que, según denunciaron algunas organizaciones, habrían sido buscados casa por casa.
Además, se ha reportado el desplazamiento de al menos 70 familias y alrededor de 20 docentes, quienes decidieron abandonar el territorio ante la falta de garantías para su seguridad y la de sus estudiantes.
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Adicionalmente, empresas como Ecopetrol anunciaron la suspensión de varias de sus actividades, luego de que el Eln, a través de un comunicado, los declarara objetivo militar porque, supuestamente, estarían haciendo negocios con las disidencias de las Farc. Los mototaxistas también llevaron del bulto, acusados de entregar dinero a este grupo armado.
Sin embargo, a través de redes sociales, la Delegación de Diálogos del Eln, afirmó que dichas amenazas eran falsas.
¿Qué dice el gobierno?
Desde este viernes, 17 de enero, el presidente Gustavo Petro, junto a parte de su gabinete y altos mandos militares, llegaron a la zona del Catatumbo para evaluar las posibles medidas para contrarrestar la violencia.
La primera decisión la tomó el mismo Petro poco antes de viajar: suspendió los diálogos de paz con el Eln, que iniciaron en 2022, pero han estado llenas de ires y venires. Además, en la zona ya se declaró la alerta amarilla hospitalaria para atender la gran cantidad de heridos que llegan a los centros asistenciales de la zona.
Ya en el Puesto de Mando Unificado, las autoridades anunciaron la posibilidad de declarar el estado de conmoción interior o la emergencia económica, lo que le permitiría al gobierno nacional tomar control total de la zona, suspender leyes, restringir el movimiento de los ciudadanos, imponer toques de queda, entre otras medidas que no tendrían que pasar por el conducto regular, sino que podrían ser ordenadas directamente por el presidente.
Se espera que a lo largo del día se tome una decisión definitiva para retomar el control de estos municipios y evitar más derramamiento de sangre, como el que ocurrió con la familia López Durán, que fueron asesinados luego de pasar por un retén de un grupo armado en Tibú.
