Luego del escándalo que se originó en la tarde del martes, 23 de julio, tras la interceptación de varios vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) con presuntos delincuentes con órdenes de captura activas, se han conocido más detalles y críticas por lo sucedido.
Antecedente: EN VIDEO: Camionetas en las que iban los disidentes de las Farc eran de la UNP; capturaron a dos de ellos
¿Quiénes iban en la caravana de camionetas?
Recordemos que los vehículos fueron detenidos en el sector de Porcesito, en el Nordeste del departamento de Antioquia, y luego trasladados fuertemente custodiados hasta el batallón Pedro Nel Ospina de Bello.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, explicó que en los vehículos fueron encontrados varios disidentes de las Farc: alias Firu, quien tiene una orden de captura vigente. Los otros disidentes detenidos son Diana Carolina Rey, alias Erika; Erlinson Echavarría, alias Ramiro; María Alejandra Ojeda; Juan Antonio Agudelo, alias Urías Perdomo; y Wenser Yosony Duque, alias Oliver González, quienes fueron arrestados por portar armas ilegales. El séptimo detenido, Omar Delgado Novoa, alias Hermes Boyaco, no fue capturado oficialmente debido a un error en la orden de captura, por lo que su situación es diferente a la de los otros disidentes.
Además, más tarde, tres de ellos fueron dejados en libertad como consecuencia de la suspensión de las órdenes de captura solicitadas por el Gobierno Nacional, en calidad de integrantes de la mesa de negociaciones de paz.
Según informó la Fiscalía, fueron incautados un total de $ 100 millones en efectivo, un vehículo Mitsubishi, un chaleco antibalas, dos computadores, un teléfono satelital, varias memorias USB y dos pistolas de nueve milímetros.
El gobernador de Antioquia no se quedó callado
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que desde el primer momento estuvo al frente de la situación y acompañó todo el operativo, lamentó que mientras estas personas se pasean en vehículos pagados con recursos públicos, hay alcaldes en Antioquia amenazados y sin protección.
“Hay una cosa muy triste acá y es que yo tengo dos alcaldes amenazados. Uno de ellos, el de Toledo, tuvo que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a poner esa denuncia porque no tiene protección de la UNP. Yo le acabo de entregar un carro blindado de la gobernación al de San Rafael, también amenazado, y estos criminales paseándose con los recursos de la UNP por todo el país con armamento, con dinero en efectivo, con oro, supuestamente, unos en el proceso de negociación”, dijo el mandatario antioqueño.
Y es que el pasado mes de mayo se conocieron amenazas en contra de los alcaldes de Andes, Germán Vélez; el alcalde del municipio de Toledo, Jhonny Alberto Marín; y recientemente en contra del alcalde de San Rafael, Eduin Aniceto Giraldo.
Por el alcalde de Toledo daban hasta $ 200 millones, mientras que las amenazas contra los otros dos mandatarios, al parecer, venían de grupos armados que hacen presencia en estos municipios.
