Juliana Guerrero, la viceministra de Juventud está envuelta en una nueva polémica. La Controlaría General de la República determinó hallazgos fiscales por el uso de aeronaves de la Policía que hizo Guerrero para desplazarse hacia la Universidad del Cesar, esto mientras trabajaba para el Ministerio del Interior.
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De acuerdo con el organismo de control fiscal, la viceministra realizó cinco vuelos en helicópteros de la institución entre el 19 y 21 de junio de 2025, dichos viajes no tenían relación con su agenda o tareas en el Ministerio.
Solo en combustible, los desplazamientos representaron un gasto de $ 213.548.069,50, un uso de recursos públicos que la Controlaría considera irregular.
“Se comprobó que dichos desplazamientos tuvieron como finalidad permitir la asistencia de la funcionaria a la sesión ordinaria del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en calidad de miembro de dicho Consejo, actividad ajena a la misionalidad del Ministerio del Interior”, dijo la Controlaría.
La entidad determinó que Guerrero abordó las aeronaves en rutas que conectaron Bogotá, Valledupar y Aguachica. Además, los vuelos se realizaron bajo el convenio 400-2025 para servicios aéreos y las aeronaves involucradas incluyeron un ATR-42 y helicópteros Bell-212.
Por si fuera poco, se reveló que en algunos vuelos participó su hermana, quien no tiene vínculo con el Ministerio del Interior.
Toda esta polémica ganó terreno después de que el concejal Daniel Briceño, presentara una denuncia penal por peculado por uso, afirmando que Guerrero habría aprovechado un avión institucional y un helicóptero Bell 212 para cumplir una agenda ajena a sus responsabilidades en el Gobierno.
Por su parte, Guerrero aseguró que actuó en calidad de delegada del presidente ante la institución y sus desplazamientos respondieron a tareas asignadas por el ministro.
Finalmente, la Contraloría detalló que el valor de los desplazamientos aéreos era, en efecto, un gasto no justificado y no relacionado con las actividades misionales de la entidad. La entidad solicitó la suscripción de un plan de mejoramiento dentro de un plazo de diez días hábiles, con el fin de subsanar las observaciones planteadas y evitar futuras irregularidades.
Además, el caso será trasladado a la Controlaría Delegada para Responsabilidad Fiscal, quien tomará acciones necesarias para determinar las responsabilidades correspondientes.
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