El caso de la captura y judicialización de Luis Fernando Palacio Sinisterra, un entrenador de fútbol infantil en Medellín, generó preocupación en los padres antioqueños. Presuntamente, el hombre aprovechaba su rol para engañar a los menores y producir pornografía.
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El hombre es investigado por la presunta producción y difusión de pornografía infantil, y ahora no se descarta que pueda enfrentar un proceso de extradición a Estados Unidos.
Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos habrían ocurrido entre diciembre de 2024 y julio de 2025, periodo en el que el entrenador, de 37 años, habría aprovechado su rol en el fútbol base para acercarse a adolescentes entre 13 y 16 años, ganarse su confianza y, presuntamente, involucrarlos en la producción de material sexual.
De acuerdo con la investigación, al menos 5 menores habrían sido víctimas y se rastrearon cerca de 60 archivos, entre fotos y videos, con contenido sexual explícito, que habrían sido producidos en Medellín y difundidos a través en internet, lo que le dio un alcance internacional al caso.
Las autoridades señalaron que el material fue identificado gracias a seguimientos en redes. Al parecer, una vez que se ganaba la confianza de los menores, el hombre insistía en encuentros privados donde se habrían producido las imágenes y videos.
Durante la audiencia, la Fiscalía, a través de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), le imputó el delito de pornografía con menor de 18 años. Aunque se presentaron varios elementos de prueba, el procesado no aceptó los cargos.
Uno de los puntos clave del caso es la cooperación internacional. La investigación contó con el apoyo de la Agencia de Investigación de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), que ayudó a rastrear la circulación del material y las posibles rutas de difusión fuera del país.
Precisamente, esa participación y el uso de plataformas de alcance global abren la puerta a una eventual solicitud de extradición, si se llega a establecer que los delitos afectaron servidores, usuarios o jurisdicción estadounidense.
Por ahora, las autoridades aclararon que no existe una solicitud formal, y el proceso sigue en manos de la justicia colombiana.
Desde la Alcaldía de Medellín reiteraron que la protección de niños, niñas y adolescentes es una prioridad y una “línea roja”.
En los últimos años, la ciudad ha fortalecido los controles contra la explotación sexual infantil, con operativos, cierres de establecimientos, vigilancia a alojamientos turísticos y campañas de prevención.
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