González Urrutia, de 75 años, fue citado a declarar en tres ocasiones por la fiscalía, pero no asistió a ninguna de las convocatorias. La última citación coincidió con un apagón que afectó a todo el país el viernes 30 de agosto. Desde su clandestinidad, que inició el 30 de julio, González Urrutia ha denunciado que el Ministerio Público actúa como un “acusador político” que lo sometería a un proceso “sin garantías de independencia y del debido proceso”.
La fiscalía ha enfocado sus investigaciones en el sitio web de la oposición, donde se publicaron copias de más del 80 % de las actas de votación, las cuales, según González Urrutia, prueban su victoria en las elecciones del 28 de julio y el fraude cometido por el gobierno de Maduro.
No obstante, estos documentos fueron desestimados por el chavismo, y la corte suprema ordenó una investigación después de convalidar el resultado oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó a Maduro como ganador con el 52 % de los votos. Sin embargo, no se publicó el detalle del escrutinio mesa por mesa, tal como exige la ley.
Maduro ha solicitado cárcel tanto para González Urrutia como para la líder opositora María Corina Machado, quien también se encuentra en la clandestinidad. Los acusa de ser responsables de los hechos de violencia registrados durante las protestas poselectorales, que dejaron 27 muertos –incluidos dos militares–, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
El fiscal general, Tarek William Saab, ya había anunciado una investigación penal contra ambos por “instigación a la insurrección” militar, tras un llamado a las fuerzas armadas a reconocer la victoria de González Urrutia.
AFP -IA
