Luego del tremendo escándalo viral que enfrentó a Frisby Colombia y Frisby España, se conoció que esta última decidió emprender un cambio total en su imagen, alejándose de la de la compañía colombiana.
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El enfrentamiento entre las dos marcas inició a finales de abril, cuando la empresa de pollos nacida en Pereira se enteró que su marca había sido registrada a nombre de terceros en España, por lo que iniciaron una batalla legal ante las autoridades de Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo); sin embargo, esta entidad terminó fallando a favor de los españoles ya que, según expresaron, la marca sí estaba registrada a nombre de los colombianos, pero no había sido usada efectivamente, lo que permitía que Frisby España solicitara el nombre.
Esta situación generó una ola de indignación y apoyo de miles de usuarios de redes sociales hacia la marca colombiana. Dicha presión mediática, aunada a varias acciones legales, habría sido determinante en la decisión de Frisby España de dar un paso al costado en la utilización del icónico logo y, sobre todo, del famoso pollo tan querido por los colombianos.
La empresa emitió un comunicado en redes sociales en la que expresaba que suspenderían temporalmente el programa de franquicias que venían adelantando debido a “un número muy elevado de solicitudes procedentes de todas las regiones de España, confirmando la fuerza del concepto y el interés genuino del mercado”.
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Asimismo, confirmaron que “como parte del proceso de desarrollo” realizarían un proceso especial para la actualización de su identidad gráfica. En ese orden de ideas, buscarán actualizar el logotipo, la eliminación del color amarillo y la actualización de la mascota con una nueva propuesta visual.
“Estos cambios tienen como objetivo modernizar la identidad de la marca para alinearse con las expectativas del consumidor europeo, avanzar hacia una propuesta de valor más sofisticada y coherente con una estrategia de posicionamiento de calidad”, expresó la empresa.
Por último, anunciaron que emprenderían acciones legales contra varias personas y empresas que, según ellos, habrían realizado “manifestaciones públicas que, por su naturaleza inexacta o malintencionada, han generado confusión y desinformación sobre la naturaleza legal y operativa del proyecto”.
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