Fuertes críticas internacionales ha despertado la decisión del régimen talibán de Afganistán, que, con un nuevo código penal impulsado por Hibatullah Akhundzada, líder supremo del régimen, reduciría drásticamente las sanciones por violencia doméstica y reforzaría el control legal sobre la vida de las mujeres.
Después de estar bajo un gobierno apoyado por occidente, Afganistán volvió a estar bajo el poder de los talibanes desde el 2021. Al reorganizarse como insurgencia, declararon el Emirato Islámico; es decir, una forma de gobierno sin elecciones ni constitución democrática, bajo la autoridad política y religiosa absoluta de un Emir.
Si bien prometió moderación, en comparación con los años 90, el Emirato Islámico no tiene partidos políticos ni oposición legal, lo cual aísla al país internacionalmente y lo somete a una crisis económica y humanitaria severa.
La violencia intrafamiliar tendría sanciones mínimas
La reforma que legitima la violencia física contra las mujeres forma parte de una serie de decretos que, de manera progresiva, han restringido los derechos de las mujeres desde el 2021, y que, según indica, solo dará consecuencias de 15 días de prisión en los casos en donde existan fracturas o heridas visibles, siempre y cuando la víctima logre demostrar el abuso ante un tribunal.
La normativa, además, introduce restricciones a la movilidad de las mujeres casadas, quienes podrían enfrentar penas de cárcel si permanecen en la casa de su familia sin autorización de sus esposos, quienes, al igual que padres y hermanos, serían figuras de autoridad para imponer castigos físicos bajo argumentos religiosos.
Mujeres afganas, sin garantías ante este sistema judicial
Salir sin acompañante masculino o trabajar sin permiso podrían considerarse faltas graves, y su castigo incluiría sanciones severas, desde azotes públicos hasta prisión domiciliaria.
La estructura del sistema judicial talibán, en donde no hay abogadas, fiscales o juezas, hace que las mujeres deban acudir directamente a tribunales compuestos exclusivamente por hombres. La aplicación de las leyes, sometida a interpretaciones religiosas, supone riesgos amañados para las víctimas, quienes al denunciar correrían el riesgo de ser acusadas por adulterio o lo que ellos mismos llaman ‘conductas inmorales’.
La reforma, descrita por los organismos internacionales como parte de un proceso sistemático que restringe a las mujeres desde el 2021, se suma a las prohibiciones hacia las mujeres en cuanto a la educación, a la vida pública y al trabajo, y la entrada en vigor de este código penal consolidaría a Afganistán como el único país del mundo en donde la violencia contra la mujer, más que desprotegida por la ley, parece incluso avalada.
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