El documento señala que varias manifestaciones que terminaron en ataques contra el sistema de transporte masivo TransMilenio, establecimientos comerciales, estaciones de Policía y otros espacios públicos no habrían sido únicamente expresiones ciudadanas, sino que también habrían contado con participación de estructuras criminales.
De acuerdo con la Sala Penal del Tribunal, en un fallo con ponencia del magistrado Jaime Andrés Velasco Muñoz, las investigaciones habrían evidenciado presuntos vínculos entre algunos de los capturados por estos hechos y organizaciones ilegales relacionadas con el Bloque Segundo Manuel Marulanda Vélez, estructura asociada a disidencias de las Farc.
La decisión judicial también advirtió que los disturbios dejaron fuertes impactos económicos e institucionales para Bogotá, con pérdidas millonarias en infraestructura pública y recursos del Estado.
Era tanta la cosa, que incluso los criminales tenían grupos en WhatsApp desde donde coordinaban las acciones en puntos claves de la capital, como “Américas”, “Carrera Séptima”, “Autonorte”, “Autosur” y “Caracas”.
Las investigaciones señalan que en esos grupos se habría motivado a manifestante a quemar buses, bloquear vías principales y cometer saqueos en supermercados.
Ante lo descubierto, tres de los implicados en dichas manifestaciones fueron sentenciados a 19 años de prisión por los delitos de terrorismo y concierto para delinquir.
En otras palabras, el fallo sostuvo que grupos criminales habrían aprovechado el inconformismo social y el contexto de protestas legítimas para infiltrarse, promover actos violentos y generar temor en la ciudad.
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