Miguel Quintero cumplirá la detención domiciliaria en una finca ubicada en la vereda La Veta, entre Copacabana y Girardota.
Luego de conocerse que Miguel Quintero Calle debía cumplir una medida de detención domiciliaria, se difundió una fotografía suya antes de ser trasladado al lugar donde cumplirá la medida.
Antecedente: Juez mandó a casa por cárcel a Miguel Quintero por presunta corrupción
La imagen corresponde al hermano del exalcalde Daniel Quintero durante el proceso de reseña realizado por el Inpec, el sábado, 3 de octubre, en la cárcel Bellavista, en Bello.
La diligencia se cumplió hacia las 11:30 de la mañana y fue un paso previo al traslado del hoy investigado al lugar donde cumplirá la medida de casa por cárcel, ordenada por un juez de control de garantías.
Posteriormente, fue llevado hasta el inmueble acreditado ante las autoridades: una finca ubicada en la vereda La Veta, en límites entre Copacabana y Girardota.
La decisión judicial fue adoptada el pasado 2 de octubre por el juez 27 Penal Municipal de Medellín, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Según la Fiscalía, Miguel Quintero y Sebastián Ortega son señalados de participar en las presuntas irregularidades detectadas en seis contratos suscritos entre 2019 y 2023 por un valor superior a $ 17.657 millones.
Al parecer, los acuerdos fueron celebrados directamente entre las entidades mencionadas, sin cumplir con los requisitos legales. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, esta modalidad habría sido utilizada para direccionar la contratación y favorecer a un beneficiario específico.
“La investigación evidenció que Quintero Calle, pese a no ser servidor público, habría intervenido en los nombramientos de Juan David Palacio Cardona como director del Amva y de Álvaro Villada García como subdirector Administrativo y Financiero, con el propósito de ejercer control sobre la contratación de la entidad”, afirmó el ente acusador.
También se detectaron posibles sobrecostos en los kits adquiridos durante la pandemia, pagos por servicios de transporte que no fueron prestados y recargas a teléfonos de celular que tampoco se realizaron. Esta y otras anomalías habrían ocasionado un detrimento patrimonial superior a $ 2481 millones.
El lunes, 5 de octubre, continuarán las audiencias de apelación contra la medida de aseguramiento domiciliaria impuesta a Miguel Quintero. La Fiscalía y la defensa de las víctimas buscan que la medida sea intramural y que el procesado sea trasladado a una cárcel mientras avanza el proceso.
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