El Ministerio de Salud acaba de salir a decir que en Colombia no hay una crisis generalizada de desabastecimiento de medicamentos. Esta aclaración llega justo después de que la Corte Constitucional diera un campanazo de alerta tremendo, diciendo que el país tiene un “nivel de cumplimiento bajo” en la entrega oportuna de los fármacos a los pacientes. Un verdadero estira y afloja entre el Gobierno y el alto tribunal.
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El lío es viejo. La Corte se pronunció con el Auto 1282 de 2025, recordando que, desde hace más de 15 años (con la Sentencia T-760 de 2008), se le ordenó al sistema garantizar que los pacientes reciban a tiempo las medicinas del Plan de Beneficios en Salud (PBS). El problema es que, según la Corte, las fallas persisten, ¡y de qué manera!
La principal preocupación es la plata. La Corte encontró que las deudas acumuladas entre las EPS y los gestores farmacéuticos (como Audifarma y Cruz Verde) superan los 4.1 billones de pesos. Imagínense la cifra: una mora que llega hasta los 804 días; y claro, si no les pagan, a los gestores les queda difícil entregar los medicamentos.
Pero el MinSalud insiste: “Aunque persisten retos administrativos y financieros que pueden afectar la entrega, no existe una crisis generalizada de desabastecimiento en el país”.
La cartera dice que está trabajando con la industria y otros actores para resolver las “dificultades puntuales”. Y para demostrar que están en acción, destacaron que han hecho compras centralizadas para enfermedades huérfanas, han distribuido una gran cantidad de medicamentos para el VIH y están impulsando la producción nacional de biológicos contra el cáncer.
Aunque el Ministerio niegue la crisis general, la Corte tiene cifras que preocupan a cualquiera. El alto tribunal alertó que sí hay problemas de dispensación con al menos 174 medicamentos. Y ojo, que no son cualquiera, son fármacos vitales para tratar enfermedades graves como el cáncer, VIH, epilepsia, diabetes y enfermedades huérfanas.
Y la prueba más contundente del problema está en los tribunales. Las tutelas (acciones legales de los pacientes por la falta de entrega oportuna de medicinas) se han disparado. Entre 2022 y 2023 subieron un 32,46 %, pero entre 2023 y 2024 ¡el aumento fue del 106,81 %! En solo el primer semestre de 2025, ya se había radicado casi el 60 % de las tutelas de todo el año anterior. Esto, según la Corte, refleja el deterioro del derecho fundamental a la salud y una sobrecarga para la justicia.
Además de las deudas, la Corte señaló otros dos cuellos de botella:
El Invima y el represamiento: la entidad encargada de los registros sanitarios tiene más de 14.000 trámites pendientes. Esto retrasa la entrada de nuevos medicamentos al mercado y la llegada de fármacos ya fabricados a los pacientes.
Falta de información: no existe un sistema confiable que alerte a tiempo sobre la disponibilidad real de medicinas. Esto deja a EPS, médicos y, lo más importante, a los pacientes, sin chance de buscar alternativas terapéuticas a tiempo.
La Corte fue clara: los medicamentos son un componente esencial del derecho a la salud y su entrega oportuna “resulta vital para preservar la vida, la dignidad y la calidad de los pacientes”. Mientras el Ministerio insiste en que todo está bajo control, el paciente sigue sufriendo por la falta de su medicina.
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