En el proceso por fraude y soborno.
En medio de un proceso judicial único en Colombia, la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela, solicitó ante un juez la sentencia condenatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
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Esta solicitud se enmarca en el proceso, que lleva cerca de 5 años, en el que el exmandatario está imputado por los delitos de soborno de testigos, soborno en actuación penal y fraude procesal.
De acuerdo con la exposición del ente acusador, estas acusaciones se soportan en una presunta estrategia, llevada a cabo por Uribe y sus abogados, para persuadir a varios testigos a retractarse de declaraciones que lo incriminarían en el actuar de grupos paramilitares en los años 90 y 2000.
Uno de los testigos principales es Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar de los bloques Metro y Caquetá, hijo del exmayordomo de la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia de Uribe y que habría sido utilizada para planear la creación del Bloque Metro, en la que al parecer, participaron el expresidente y su hermano Santiago.
Monsalve, entre otros testigos, han afirmado que el también exsenador, a través de sus abogados y otros intermediarios que lo han visitado en la cárcel La Picota, donde paga una pena de 40 años, han intentado convencerlo de que se retracte de sus declaraciones, prometiéndole supuestos beneficios judiciales.
“El acusado ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal utilizando a terceros con el objetivo deliberado de forzar la retractación de testigos clave”, reiteró la fiscal.
La Fiscalía ha basado su acusación en pruebas como interceptaciones telefónicas, testimonios, videos, audios y documentos que muestran cercanía de abogados y asesores de Uribe con testigos claves en estos procesos. Además, afirman que el expresidente no solo conocía de estas reuniones sino que las alentaba.
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La audiencia en la que se conocerá la decisión quedó programada para el próximo 8 de octubre de 2025.
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