23 cabecillas del crimen organizado en Medellín y el Valle de Aburrá vieron suspendidas sus órdenes de captura en el marco de los diálogos de “paz urbana”, lo cual ha generado fuertes reacciones. Una de ellas, presunta víctima de alias Carlos Pesebre, expresó rechazo y preocupación frente a la medida.
La Fiscalía General de la Nación, que formalizó la decisión mediante la resolución 00072 del 27 de marzo, suspendió las órdenes de captura por un periodo inicial de seis meses con posibilidad de prórroga, según los avances en la mesa de negociación con el Gobierno nacional.
Un líder social antioqueño, quien ha sufrido amenazas, desplazamiento y otras vulneraciones a sus derechos, dijo ser víctima de alias Carlos Pesebre y afirmó que la medida representa un riesgo para las comunidades. “Estos bandidos que tanto le han hecho daño al departamento de Antioquia y a Medellín son las personas que vimos salir a la luz pública y son personas que nos han causado daño, que nos han desplazado”, dijo en entrevista con Telemedellín.
Su pronunciamiento se da en un contexto de creciente controversia por la suspensión de varias órdenes de captura que beneficiarían no solamente a alias Carlos Pesebre sino a otros, como alias El Montañero, Alber, Mundo Malo, Clemente, el Abogado, Naranjo y Perica; varios de ellos con incidencia en dinámicas delictivas en la región.
El líder social, además de cuestionar la falta de garantías para quienes han sido víctimas de estas estructuras, considera que hay ausencia de marcos jurídico claro que respalde este tipo de decisiones, denunció una presunta falta de respuesta por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y aseguró que, pese a amenazas recientes, no ha recibido medidas efectivas de seguridad, ni un eventual traslado fuera de la zona de riesgo.
La decisión fue cuestionada por el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón, quienes señalaron que podría tratarse de un movimiento con implicaciones políticas en medio del panorama electoral.
Las autoridades indican que la suspensión de estas órdenes de captura busca avanzar en la reducción de la violencia urbana y facilitar los diálogos; las instituciones y las comunidades afectadas se encuentran divididas.
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