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  • Los dos uniformados fueron capturados y acusados por el delito de concusión. /FOTO: COLPRENSA
    Los dos uniformados fueron capturados y acusados por el delito de concusión. /FOTO: COLPRENSA

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Dos policías habrían pedido plata para no hacer una captura

Ahora los capturados son estos uniformados, quienes fueron judicializados.

31 de agosto de 2025

Orden público

Edward Junior Herrera Ballesteros y Yerson Niray Pinilla Pino son 2 uniformados que prestaban sus servicios en la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y que tendrán que enfrentar casa por cárcel mientras la Fiscalía los investiga luego de una presunta extorsión a una pareja en Medellín.

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Los hechos sucedieron en febrero de este año, cuando el subintendente e intendente, respectivamente, interceptaron a un hombre y una mujer que se movilizaba en un carro de alta gama por el centro de la ciudad y, tras revisar su documentación, se dieron cuenta que tenía una orden de embargo.

Por esa razón, les habrían exigido nada más y nada menos que $ 8.000.000 para no judicializarlos y llevarse el carro.

Ante la presión de los hoy procesados, la pareja se fue hasta un cajero automático y retiraron $ 5.000.000 que le habrían entregado a los policías, quienes los habían escoltado hasta el lugar.

No contentos con el botín, para dejarlos ir, les habrían entregado el número de una cuenta bancaria en la que tendrían que consignar el resto de plata. Para colmo, y como un supuesto acto de “buena fe”, las víctimas afirmaron que uno de los uniformados les devolvió $ 30.000 por si “tenían algún problema mecánico con el carro”.

Denuncia fue clave

Tras el hecho, la pareja denunció ante las autoridades y el caso fue asumido por la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía, la cual, tras investigar y reunir las pruebas suficientes, obtuvo una orden de captura para los funcionarios, que fueron judicializados y posteriormente acusados del delito de concusión.

Finalmente, un juez de control de garantías les impuso la medida de aseguramiento en su lugar de domicilio.

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No son los únicos

En febrero de este año un patrullero y un subintendente fueron judicializados, luego de que una pareja de extranjeros los acusara de ingresar sin permiso a su apartamento, ubicado en El Poblado, y por medio de intimidaciones les exigieran $ 3.000.000 para no llamar al ICBF, debido a que tenían una niña recién nacida sin el registro civil correspondiente.

Ambos fueron cobijados con medida de aseguramiento en su lugar de residencia.

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