Seis funcionarios, tres del Ministerio de Relaciones Exteriores y tres de la Registraduría Nacional del Estado Civil, fueron capturados por presuntos nexos con una banda que se dedicaba al tráfico de migrantes.
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De acuerdo con las autoridades, en el operativo fueron detenidas 31 personas que integraban la red criminal, que era liderada por una colombiana y por un dominicano.
De acuerdo con el coronel Edwin Masleider Urrego, jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dijín), la banda tramitaba documentos para migrantes venezolanos y dominicanos, entre los cuales se contaban pasaportes, registros civiles de nacimiento y cédulas de ciudadanía, con el propósito de hacerlos pasar como ciudadanos colombianos.
“El grupo delincuencial tendría dos cabecillas, un ciudadano dominicano, quien es buscado en 196 países por el delito de tráfico de migrantes y concierto para delinquir; y una colombiana, cuya actividad se vendría realizando desde 2021. Ella tendría un considerable número de colaboradores, entre los que también estarían vinculados seis de sus familiares, todo un clan familiar”, argumentó la Policía en su informe.
En la investigación, que inició en 2021, se descubrió que esta red de tráfico de migrantes se encontraba en varias zonas de Colombia, como Bogotá, Atlántico, Córdoba, Amazonas, Caquetá, Cesar, Sucre y La Guajira. Además, la Registraduría ya anuló 344 cédulas falsas hechas por el grupo criminal y está en proceso de análisis de al menos 180 registros civiles sospechosos.
“Al menos 11 personas se encargarían de buscar a los migrantes para ofrecer, tramitar y obtener documentos adulterados. A su vez, tres empleados activos y seis exfuncionarios de la Registraduría estarían a cargo de ubicar registros civiles de personas no ceduladas para suplantarlas, mientras que tres empleados y tres extrabajadores de la Cancillería se encargarían de formalizar en pasaportes las falsas identidades”, explicó la Policía.
Entre 7 y 17 millones de pesos debían pagar los extranjeros para obtener los documentos, de acuerdo con las autoridades colombianas.
A las personas capturadas se les imputó cargos por tráfico de migrantes, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito.