Y es que, según un comunicado que enviaron para denunciar la situación, entre las principales exigencias está el pago inmediato de honorarios que les deben desde diciembre de 2025, una situación que, aseguran, ha golpeado fuertemente su estabilidad económica y la de sus familias.
A esto se suma el reclamo por contratos laborales dignos, ya que denuncian el uso reiterado de contratos por prestación de servicios para cubrir funciones permanentes, lo que consideran indigno y contrario a la ley.
Hasta ahora se han visto afectados por esta situación 4000 funcionarios a nivel nacional y 320 en Antioquia.
Otro de los puntos clave de la protesta es que consideran injusto su salario en comparación con la Rama Judicial, pues afirman que desempeñan funciones similares, con las mismas cargas laborales y niveles de responsabilidad, pero ganan mucha menos plata.
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Los trabajadores advierten que esta problemática no solo afecta a quienes laboran en el sector, sino que también impacta la correcta administración de justicia y la garantía de los derechos de la ciudadanía.
Pese a que la situación ya es crítica, pues tuvieron que pagar seguridad social de diciembre y enero sin recibir su pago, afirman que no han obtenido ninguna respuesta.
“Hasta el momento no hemos recibido respuesta de la defensora nacional Iris Marín, no se ha comunicado con nosotros”, aseguró una de las personas afectadas.
Los defensores hacen un llamado al Gobierno nacional, a las entidades competentes y a los órganos de control para que se abran espacios reales de diálogo y se adopten soluciones de fondo que permitan superar lo que califican como una crisis laboral injustificada.
“La dignidad laboral no es un privilegio, es un derecho”, concluyeron.
Por ahora, seguirán con las protestas frente al edificio de la justicia hasta que la situación se resuelva.
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