La exfuncionaria, quien fue uno de los alfiles del gobierno Petro, reconoció haber falsificado documentos de su educación superior.
A Juliana Guerrero le salió el tiro por la culata. Este miércoles, 9 de septiembre, reconoció que se equivocó al incurrir en irregularidades para obtener el título profesional con el que buscaba ocupar el cargo de viceministra de la Juventud en el Gobierno de Gustavo Petro.
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La declaración la hizo en medio de la audiencia en la que aceptó cargos por el delito de fraude procesal.
“No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones. Pido perdón al país, a mi familia, a quienes confiaron en mí, a los jóvenes que alguna vez me vieron como referente y a la Fundación San José”, dijo.
Guerrero aseguró que su intención no fue hacer daño, pero eso no implica que no sea responsable de lo que hizo. También dijo que haber cometido un error no la define como persona.
A cambio de su aceptación de cargos, Guerrero podría obtener una rebaja de pena, que le permitiría pagar 36 meses de prisión, igual pena a la que recibió el secretario general de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez, quien expidió los títulos.
Para la Fiscalía, Guerrero recibió dos títulos: uno como tecnóloga y otro como contadora pública, con múltiples irregularidades.
Por su parte, Gutiérrez Martínez fue quien autorizó la expedición de los títulos universitarios de Juliana Guerrero, pese a que ella no cumplía con los requisitos para acceder al diploma y al acta de grado.
Por eso, sería condenado por el delito de falsedad ideológica en documento público, no como autor, sino como coautor, gracias al preacuerdo.
Guerrero enfrenta otro proceso por posible ofrecimiento a empresarios de intervenir, a cambio de cuantiosas sumas de dinero, para que les fueran asignados contratos en el Ministerio de Vivienda y en otras entidades.
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Las denuncias fueron reveladas por la revista Semana, que, con base en consignaciones y mensajes, mostró cómo supuestamente se fijaban tarifas y se cobraba una comisión del 10 % sobre el valor final de los contratos, por la gestión e intermediación con altos funcionarios del Gobierno.
También habrían comprado un anticipo de $ 200 millones una vez se concretara el encuentro inicial.
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