Algunos ciudadanos creen que tener alterados los contadores de servicios públicos como agua, luz o gas es una bobada y que, si por algún motivo son descubiertos por las autoridades, no les va a pasar nada y podrán seguir sus vidas tranquilamente.
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Pues vaya sabiendo y entendiendo que la cosa no es así de simple como la pintan y que le pueden aplicar extinción de dominio por el delito de defraudación de fluidos, si no que lo digan los propietarios de 42 bienes inmuebles ubicados en las comunas La Candelaria, Laureles - Estadio, Belén y Buenos Aires, quienes se creyeron ese cuentico y ahora tiene serios problemas con la ley.
Así lo informó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, quien explicó que luego de 16 meses de labores investigativas realizadas por uniformados de la Sijín, quienes fueron apoyados por la Fiscalía, se puedo establecer que en esos lugares, entre los que se encuentran varios hoteles, los sistemas de medición de los servicios públicos habían sido manipulados para reducir los costos a pagar.
“Utilizaban mecanismos fraudulentos como manipulación de los contadores, las conexiones, alteraban la telemedida clandestina para evadir controles técnicos”, señaló el general Bello.
A través de esta práctica fraudulenta, que se venía realizando, según la investigación, desde 2013, realizaron millonarios robos que solo entre 2020 y 2025 llegaron a alcanzar 1,24 billones de pesos que dejó de recibir Empresas Públicas de Medellín (EPM).
“No pagan por los servicios públicos, pero los están consumiendo y ahí, literalmente, lo que están haciendo es defraudando a Empresas Públicas de Medellín, dejando de pagar por esos servicios y eso es plata que se están robando”, señaló el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.
