En medio de una intensa polémica política, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió sobre lo que él denomina un “golpe de Estado”, que se concretaría el lunes 16 de septiembre, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) se reúna para discutir las sanciones por su presunta violación de los topes electorales durante su campaña presidencial. Esta sesión, crucial para el futuro del mandatario, está marcada por acusaciones, tensiones y riesgos de seguridad.
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En varios mensajes publicados en su cuenta de X este sábado, Petro reiteró que, en su opinión, cualquier sanción por parte del CNE representaría un acto ilegal. El mandatario sostiene que dicha entidad no tiene jurisdicción para investigarlo ahora, pues ya está protegido por el fuero presidencial.
“El CNE no puede investigarme ahora. Por eso es un golpe. El CNE tenía 30 días para hacerlo después de elecciones y lo hizo en su momento y determinó que no había ninguna irregularidad”, expresó Petro en un trino.
Petro argumenta que el Consejo Electoral ya investigó su campaña después de las elecciones y que, al no encontrar irregularidades en ese momento, no puede ahora emitir sanciones sin vulnerar su fuero presidencial. El presidente incluso señaló que la vía para un golpe en su contra se abrió cuando el Consejo de Estado permitió que las autoridades administrativas lo investigaran, lo que podría eventualmente llevar a su destitución.
El tono de Petro subió de nivel cuando, en un mensaje directo a la senadora María Fernanda Cabal, quien lo ha criticado abiertamente, le escribió: “Aliste su golpe, María Fernanda, ya lo había usted anunciado”.
La senadora, por su parte, ha mantenido una posición firme en su crítica, afirmando que si se comprueba que Petro violó los topes electorales, debe aplicarse el artículo 109 de la Constitución, que podría desembocar en sanciones graves, incluso la destitución.
Preocupaciones por la seguridad de los magistrados del CNE
En medio de estas acusaciones de golpe de Estado, los magistrados del Consejo Nacional Electoral no solo enfrentan la presión política, sino que también han manifestado su preocupación por la seguridad durante la sesión programada para el lunes.
Maritza Martínez, presidenta del CNE, declaró a Blu Radio que están evaluando si las condiciones de seguridad en la sede del CNE son adecuadas para realizar la sesión plenaria. De no ser así, la posibilidad de trasladar la reunión a una guarnición militar o una estación policial está sobre la mesa, buscando la protección necesaria para garantizar la seguridad de los magistrados.
Martínez indicó que la preocupación no se limita únicamente a la polémica política, sino que existen riesgos tangibles que deben abordarse antes de que se tome cualquier decisión definitiva.
“Nos estamos asegurando de que el lugar donde se celebre la reunión cuente con todas las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar a los magistrados y a los asistentes”, explicó Martínez.
La situación, por tanto, es tensa en el panorama político colombiano. La posible sanción a Petro por supuestamente haber excedido los topes electorales podría desatar una tormenta política, mientras los señalamientos del presidente sobre un golpe de Estado en su contra añaden una capa de incertidumbre a una semana crucial para su mandato.
Con un ambiente de incertidumbre y amenazas latentes, la sesión del lunes será clave no solo para el futuro inmediato de la presidencia de Gustavo Petro, sino también para la estabilidad política en el país. Las reacciones tanto del gobierno como de la oposición serán determinantes para entender las posibles consecuencias que esta disputa podría tener en los próximos días.
Mientras tanto, el país permanece a la expectativa de lo que ocurra el lunes, día en que el CNE deberá tomar una decisión crucial en medio de la creciente tensión política.
Con información de Colprensa.
