Un nuevo informe de la Fiscalía General de la Nación ha dado nuevas luces sobre la responsabilidad de la empresaria Zulma Guzmán en el envenenamiento con talio de dos menores en Bogotá, ocurrido en abril de 2025. Ahora, los investigadores encontraron varios elementos dentro de un locker que la vincularían al crimen.
Antecedente: ¡Estaba en un río! Cae señalada de envenenar a dos menores con talio
Y es que, en medio del proceso penal, en el que se espera la extradición de Guzmán, quien está detenida en Inglaterra, los investigadores llevaron a cabo un trabajo de levantamiento de información en varios lugares frecuentados por la mujer, entre ellos, un locker de su propiedad en el exclusivo Club El Nogal de Bogotá.
De acuerdo con el informe forense, revelado por el periódico El Tiempo, en su interior encontraron una bolsa con guantes de látex, adhesivos y logotipos asociados a la empresa de domicilios que habría hecho la entrega de las frambuesas envenenadas. Así mismo, encontraron un frasco de tapa azul y otro identificado con una etiqueta que decía “azufre” y que contenía un polvo blanco.
Tras los respectivos análisis, se pudo determinar que tanto los guantes de látex como los frascos encontrados en el casillero tenían restos de talio, la sustancia utilizada para envenenar la fruta que posteriormente fue consumida por tres menores y un adulto, que resultaron envenenados.
Esta evidencia será incluida en el proceso que enfrenta la mujer por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.
¿Cómo va el caso de Zulma Guzmán por el envenenamiento de las menores?
Guzmán fue detenida en diciembre del año pasado por la Policía británica, luego de que, al parecer, se lanzara al río Támesis en Londres. La mujer fue trasladada a un hospital y unas semanas después fue capturada, pues ya contaba con una circular roja de Interpol.
En la actualidad, continúa retenida en un centro de detención en Londres, mientras se surten los trámites para su respectiva extradición. Recientemente, una comisión del gobierno británico visitó la cárcel El Buen Pastor de Bogotá para verificar las condiciones de derechos humanos.
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