El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes, 7 de abril, la libertad del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, al considerar que se configuró el vencimiento de términos dentro del proceso que se adelanta en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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La decisión fue adoptada por la magistrada Isabel Álvarez Fernández, quien concluyó que habían transcurrido más de 120 días desde la imputación, realizada el 1.° de diciembre de 2025, sin que la Fiscalía presentara oportunamente el escrito de acusación, requisito clave para interrumpir ese plazo.
Según explicó la magistrada, el ente acusador radicó el documento durante la diligencia en la que se discutía la solicitud de libertad, lo que a su juicio no cumple con los estándares fijados por la ley y la jurisprudencia.
“El punto de quiebre (...) para considerar razonablemente que la Fiscalía ha presentado el escrito de acusación es antes de que se instale la audiencia”, señaló Álvarez Fernández durante la diligencia.
Precisó que de acuerdo con la interpretación de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía podía haber radicado el escrito incluso el mismo día de la audiencia, siempre que lo hiciera antes de su instalación. Sin embargo, enfatizó que eso no ocurrió. “Si se hubiera radicado (...) antes de instalar la audiencia que la Fiscalía lo hubiera puesto de presente, pero eso no ocurrió en este caso”, indicó.
En ese sentido, concluyó que se cumplían los presupuestos para conceder la libertad por vencimiento de términos, al no evidenciarse tampoco circunstancias excepcionales que justificaran la demora. “No se hizo ninguna referencia a una fuerza mayor, un caso fortuito o maniobras dilatorias de la defensa”, advirtió la magistrada, en lo que constituye un llamado de atención directo a la Fiscalía.
La decisión se produjo apenas horas después de que la Fiscalía radicara formalmente el escrito de acusación contra Bonilla ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual el proceso entró en etapa de juicio.
Bonilla fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, dentro de una investigación que lo señala como uno de los presuntos articuladores de un esquema para direccionar contratos de la Ungrd y otras entidades a cambio de apoyos políticos en el Congreso.
Aunque la medida de aseguramiento sigue vigente, la libertad concedida por vencimiento de términos implica que Bonilla continuará vinculado al proceso, pero fuera de prisión mientras avanza el juicio en la Corte Suprema.
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