Un suspiro de alivio llegó para el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, después de que la Contraloría General de la República ordenara archivar dos procesos de responsabilidad fiscal que tenía por la construcción de dos CAI en Rionegro entre 2016 y 2019, períodos en los que fue alcalde.
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El gobernador era investigado por el uso indebido de $ 1270 millones, pues, según se alegaba en un inicio, los CAI no estaban prestando el servicio para el que fueron construidos. Sin embargo, la Dirección de Investigaciones 4 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal determinó que esto no era así.
Con la decisión de la Contraloría también salió bien librado Hernán Darío Álvarez Suárez, exsecretario de Gobierno de Rionegro, quien se vio implicado en el escándalo.
El caso pudo ser archivado tras el aporte de nuevas pruebas y visitas técnicas que permitieron establecer que las obras se ejecutaron conforme a los diseños y que se encontraban funcionando adecuadamente, siendo ocupadas por la Policía Nacional.
Respecto al CAI Cuatro Esquinas, que en un principio se estimaba que tendría un daño de $ 433.000.000, la Contraloría encontró que la infraestructura ejecutada correspondía con los planos de diseño aprobados, lo que permitió su adecuado funcionamiento.
En cuanto al otro CAI, ubicado en San Antonio de Pereira, donde se investigaba una presunta pérdida de $ 836.000.000, se encontró que:
“La obra se encuentra en un estado funcional satisfactorio, con sus sistemas hidrosanitarios, eléctricos y de telemática operativos. Se destaca que la unidad policial ocupa actualmente el inmueble en condiciones de habitabilidad avaladas formalmente por la Policía Nacional”, como se leyó en el informe técnico.
Mejor dicho: no se encontró ningún daño ni irregularidad en la construcción y funcionamiento de los CAI, por lo que el caso fue archivado.
El gobernador había sido chuzado por la Fiscalía
Estos escándalos escalaron a tal punto que se conoció que el gobernador Andrés Julián Rendón fue ‘chuzado’ por la Fiscalía durante al menos 71 días.
Pero Rendón no fue el único: otras nueve personas también fueron objeto de la medida de vigilancia, entre ellas integrantes de su actual gabinete departamental, exfuncionarios de la Alcaldía de Rionegro y contratistas vinculados a la ejecución de las obras.
Ante esto, en un principio una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá consideró que la medida era desproporcionada por tratarse de hechos antiguos, pues las chuzadas ocurrieron en 2025, siete años después de los escándalos de los CAI.
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Sin embargo, una sala posterior aseguró que estas obedecían a la necesidad de recolectar material probatorio suficiente respecto a la contratación con la empresa Edeso.
Ante esta situación, el gobernador no se quedó callado.
“¿Cuál es el objetivo de espiar mis comunicaciones, de atentar contra mi intimidad? Un caso que han construido para sacarme del camino e instrumentalizar a la justicia”, expresó Rendón.
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