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  • Rodrigo Granda Escobar, el Canciller de las Farc, en su declaración ante el Tribunal de Paz. /FOTO: CORTESÍA JEP
    Rodrigo Granda Escobar, el Canciller de las Farc, en su declaración ante el Tribunal de Paz. /FOTO: CORTESÍA JEP

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Condenan al secretariado de las Farc por el delito de secuestro

La pena no será restrictiva de la libertad, en cambio deberán participar de trabajos no remunerados

18 de septiembre de 2025

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En un hecho sin precedentes en el país, la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz de la JEP presentó la primera sentencia en contra de ocho integrantes del último secretariado de las extintas Farc, por los secuestros cometidos por dicha organización.

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Tal y como quedó consignado en el Acuerdo de Paz, los hoy condenados no tendrán que ir a la cárcel ni pagar una sanción económica. En cambio, deberán pagar ocho años de trabajos no remunerados en los que aporten a la memoria y reparación simbólica de las víctimas.

Se trata de los altos mandos de las extintas Farc, quienes estuvieron sentados en la mesa junto al gobierno, y que ahora hacen parte del Partido Comunes: Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko; Pablo Catatumbo Torres; Pastor Lisandro Alape Lascarro; Milton de Jesús Toncel Redondo, alias Joaquín Gómez; Jaime Alberto Parra, alias Mauricio Jaramillo; Julián Gallo Cubillos, alias Carlos Antonio Lozada, y Rodrigo Granda Escobar, mejor conocido como el Canciller.

El Macrocaso 01

La investigación realizada por la JEP por el delito de secuestro, bautizado como el “Macrocaso 01”, determinó que las extintas Farc instauraron una “política de secuestros” que se extendió por todo el país, dejando por lo menos 21.000 víctimas, con el fin de financiar su organización armada, presionar al Estado colombiano para un intercambio de prisioneros y ejercer control social y territorial.

Por esta razón, los magistrados encargados declararon a los comparecientes como máximos responsables de las Farc y, por consiguiente, penalmente responsables en calidad de autores por los crímenes de guerra de la toma de rehenes, homicidios y desapariciones forzadas. Un hito histórico teniendo en cuenta que ellos nunca habían respondido ni reconocido su autoría frente a ninguna autoridad.

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“Esta sentencia no borra el sufrimiento, pero es un acto de reconocimiento. Es la voz que le dice a la sociedad colombiana y al mundo que lo ocurrido fue injustificable e inhumano. No es solo el cierre de un capítulo judicial, sino que abre una nueva página para la memoria, la justicia y la paz de nuestra nación. Esta justicia les exige mucho más a los responsables que estar encerrados en cárceles: tuvieron que reconocer públicamente sus crímenes, aportar verdad, dar la cara a las víctimas y ahora deberán trabajar en favor de ellas a la luz de las comunidades, con el compromiso de no repetir. Eso nos fortalece como sociedad”, dijo el magistrado Camilo Suárez Aldana, ponente de esta decisión judicial.

La sentencia

El Tribunal de Paz les impuso ocho años, el máximo contemplado en el Acuerdo de Paz, de trabajos restaurativos no remunerados; es decir que tendrán que apoyar y aportar en proyectos de memoria, búsqueda de personas dadas por desaparecidas y hasta desminado humanitario.

Aunque todavía no se tiene claridad todo lo que deberán desarrollar, inicialmente se priorizó un proyecto de búsqueda e identificación de personas dadas por desaparecidas en el cementerio de Palmira, Valle del Cauca, así como uno de memoria, donde deberán aportar sus conocimientos y memorias para dignificar a las víctimas.

“Para contribuir a honrar y mantener viva la memoria de las víctimas de secuestro del conflicto armado y de aquellas que no sobrevivieron a este crimen, los comparecientes tendrán que realizar acciones de reparación simbólica como la transcripción de testimonios de las víctimas, la construcción, instalación de artefactos de memoria, participar en productos audiovisuales, radiales y digitales —incluido un micrositio web— con contenido reparador. Además, deberán organizar eventos de petición de perdón a las víctimas, participar en encuentros restaurativos con víctimas, responsables y comunidades, hacer relatorías y sistematizar estas acciones”, explicó la JEP en un comunicado.

El tribunal también afirmó que, aunque no van a tener medidas restrictivas de la libertad, sí deberán informar de manera constante su ubicación, residencia y trabajo. Además, deberán cumplir horarios, permanecer en los lugares determinados, y estar bajo monitoreo permanente mediante un dispositivo electrónico.

Por último, si alguno de ellos incumple cualquiera de las condiciones impuestas por esta autoridad, tendrán que enfrentar la pérdida de beneficios, y deberán responder ante la justicia ordinaria.

Con respecto al pago de indemnizaciones a las víctimas, la Sala precisó que no hace parte de su competencia y que no puede ordenar pagos económicos ni a comparecientes ni a entidades públicas; sin embargo, ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) acelerar los procesos de reparación administrativa que se adelanten.

Relatos escalofriantes

Como parte del proceso, cada uno de los hoy condenados tuvo que reconocer y pedir perdón a gran parte de sus víctimas, quienes los encararon y exigieron hacerse responsables por su nombre o el de sus parientes asesinados durante este flagelo.

En la Audiencia de Reconocimiento del Secretariado de las Farc-EP, por ejemplo, Edward Arias exigió a Pablo Catatumbo Torres que reivindicara públicamente el nombre de su padre, Oswaldo Díaz. Las Farc justificaron su secuestro diciendo que era “corrupto”, sin tener pruebas, y posteriormente lo asesinaron; hasta hoy su cuerpo sigue desaparecido. En esa audiencia, Catatumbo le reconoció: “Actuamos de manera irresponsable y ligera, lo acusamos de un delito que no había cometido (...) cometimos un crimen abominable contra su padre”.

También, Héctor Darío Muriel, víctima de secuestro, había dicho que cargaba con la culpa de haberse escapado del secuestro hace 20 años, dejando atrás a su mejor amigo herido de bala, y quien luego fue asesinado por las Farc. Al respecto, Pastor Alape le dijo: “los criminales fuimos nosotros y si usted no se escapa, sería su esposa la que estaría sufriendo este dolor”.

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Sobre las cadenas que cargaron víctimas de secuestro de la fuerza pública, y cuyas imágenes estremecieron al país entero, Rodrigo Londoño reconoció que no miraban “al ser humano sino al uniforme”. Y ante los relatos de víctimas de violencia sexual, y de secuestros de menores de edad por hombres bajo su mando dijo “sentí asco de las mismas acciones que hicimos en nombre de las ideas revolucionarias”.

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