Según el ente acusador, el 8 de febrero de 2024, el entonces director de la Policía Nacional en compañía de otro oficial, habría ingresado a la vivienda de la fiscal para solicitarle suspender el operativo de captura de un indiciado, pese a que la diligencia ya estaba en curso.
Posteriormente, la fiscal afectada por la presión indebida de Palomino presentó la denuncia y hasta aportó la grabación en audio de la visita.
La Sala confirmó que el procesado se aprovechó de su rol funcional para favorecer a un particular cuando su deber era cumplir la orden emitida por la autoridad judicial competente.
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Además, indicó que en la visita del alto oficial a la casa de la fiscal no solo la presionó, sino que la intimidó, hasta el punto que, la funcionaria, aunque hizo efectiva la captura, luego de escucharlo en indagatoria, dejó en libertad al indiciado.
Finalmente, el fallo también impuso una multa de 174.99 salarios mínimos legales mensuales vigentes para 2014 y la inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por 96 meses. Además se le negó la prisión domiciliaria.
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