La Corte Suprema determinó que José Ignacio Mesa recibió apoyo de La Oficina para sus campañas políticas para la Alcaldía de Envigado y al Senado.
Este lunes, 31 de agosto, la Corte Suprema dejó en firme la condena de 76 meses de prisión contra José Ignacio Mesa por el delito de concierto para delinquir agravado.
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El hoy condenado fue alcalde de Envigado en 1995 y, posteriormente, se desempeñó como senador de la República durante dos períodos consecutivos: 1998-2002 y 2002-2006.
Según la sentencia, Mesa recibió apoyo de La Oficina de Envigado, una organización criminal que controla gran parte de las actividades delictivas en Medellín, para impulsar sus aspiraciones políticas.
A cambio, la organización habría obtenido poder burocrático dentro de la administración municipal al sur del Valle de Aburrá.
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La Sala de Casación Penal, que resolvió el recurso de apelación, dio credibilidad a los testimonios de alias El Tuso y alias Don Berna, quienes hablaron sobre los vínculos entre La Oficina y Mesa.
La sentencia cuenta que La Oficina nació de Los Pepes, cuyos integrantes fueron perseguidos por Pablo Escobar y que, para entonces, estaban bajo el control de los hermanos Castaño.
Tras la muerte de Escobar, Carlos Castaño ordenó cooptar a combos y bandas de jóvenes en Antioquia. Así, La Oficina empezó a regular las actividades ilegales de esos grupos, cobrar deudas relacionadas con el narcotráfico y realizar operativos contra la guerrilla.
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Fue así como, en su estrategia de expansión, la organización financió a políticos como José Ignacio Mesa, quien mantuvo una “amistad prolongada” con alias Danielito, jefe de La Oficina.
La sentencia, a su vez, menciona que el exsenador habría participado, como presunta víctima, en un plan de secuestro simulado de congresistas ejecutados por las autodefensas.
Todo lo anterior, con el propósito de presionar al Gobierno y lograr un espacio de negociación de paz.
Así las cosas, quedó confirmada la sentencia de seis años de prisión, el pago de una multa de 3000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo período. Además, la Corte negó la prisión domiciliaria y la suspensión condicional de la pena.
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