La Sala de Segunda Instancia tomó una decisión: revocó la absolución que en 2024 había dejado libre de culpa a Santiago Uribe Vélez y lo declaró responsable de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, delitos que fueron catalogados como de lesa humanidad.
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El tribunal determinó que había pruebas suficientes para tumbar la decisión del Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, que lo había dejado absuelto. Con esto, quedó en firme que Uribe Vélez deberá pagar una condena de 340 meses de prisión, es decir, más de 28 años tras las rejas.
Según la sentencia, el fallo se basó en un homicidio agravado como lo establecen los artículos 103 y 104 del Código Penal y en concierto para delinquir agravado, contemplado en el artículo 340. Además de la pena de cárcel, el condenado deberá pagar una multa de 6500 salarios mínimos y quedará inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años. También se le prohibió portar o tener armas por un periodo de 54 meses.
El tribunal fue claro en que Uribe Vélez no tendrá beneficios como prisión domiciliaria o suspensión de la pena. Una vez la sentencia quede ejecutoriada, se emitirá la orden de captura correspondiente.
La Sala también aseguró que con la decisión se cumplen las pretensiones de verdad, justicia y no repetición presentadas por la parte civil. Asimismo, ordenó compulsar copias a la Unidad de Extinción de Dominio y a varias dependencias de la Fiscalía, y pidió a la Defensoría del Pueblo hacer seguimiento del caso y de las medidas adicionales que se requieran.
Tras conocerse la noticia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó en su cuenta de X, donde escribió: “Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude”.
Abogados expertos aseguran que aún se podría interponer el recurso de impugnación especial y ahí la sentencia se mantiene suspendida: es decir, él se mantiene en libertad mientras se resuelve el recurso a que tiene derecho. Dicho recurso se da por haber sido condenado por primera vez en la segunda instancia.
La condena marca un nuevo capítulo en un proceso que durante años ha sido seguido con lupa en Antioquia y en todo el país.
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