De acuerdo con las investigaciones, se habría hecho un desvío aproximado de $ $3.705.259.410 por la compra de balones, uniformes, medallas e implementos deportivos, lo que significaría un presunto detrimento al patrimonio público.
¿Irregularidades en la contratación?
Las mismas indagaciones arrojadas por la Fiscalía revelan que, al parecer, “se favoreció indebidamente a un contratista particular” que sería Mauricio Jaramillo Botero, instaurados por Diana Paola Toro Zuleta y Jorge Enrique Liévano Ospina.
Por esta razón, estos últimos son señalados por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, teniendo en cuenta que “el contrato habría sido celebrado sin contar con estudios del sector, análisis de mercado, justificación del valor estimado ni soporte técnico de los precios unitarios”, como se leía en el comunicado oficial del ente fiscal.
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Habrían restringido otras ofertas
La Fiscalía añadió que Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda, al parecer, hasta omitieron otras ofertas para favorecer la de Mauricio Jaramillo.
“Al parecer, se interesaron indebidamente en favorecer a la sociedad representada por Jaramillo Botero dentro del proceso y, para ello, omitieron la elaboración de estudios previos, restringieron la participación de otros oferentes mediante requisitos de experiencia limitantes y establecieron un plazo insuficiente para la presentación de ofertas”, comunicó la Fiscalía.
El acuerdo se dio y Jaramillo Botero se quedó con el contrato. Según investigó el ministerio fiscal, lo hizo “mediante subcontratación y una cadena de intermediarios que incrementaron los costos del proyecto y afectaron la eficiencia y economía de la contratación”.
Con todo esto, el que tuvo una corta pronunciación fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Finalmente, los exfuncionarios de la Administración anterior fueron acusados por el delito de peculado por apropiación agravado en favor de terceros.
Por su parte, Mauricio Jaramillo Botero fue señalado como coautor interviniente en el delito de peculado por apropiación agravado, tras presuntamente haber obtenido los beneficios con facturación y cobros soportados en precios inflados.
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