Por corrupción en contratos durante la emergencia que afectó a las comunidades vulnerables de La Guajira, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó una pena de más de cuatro años de prisión para Pedro Rodríguez Melo por el direccionamiento de contratos de emergencia.
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El exasesor jurídico deberá cumplir una pena de 4 años, 10 meses y 19 días de prisión por hechos de corrupción relacionados con contratos en La Guajira. Además de la pena que lo privará de la libertad, tendrá también inhabilidad permanente para ejercer cargos públicos y deberá pagar una multa equivalente a 2761 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación logró establecer la participación de Melo Rodríguez en el direccionamiento de contratos para la adquisición de obras de mitigación y carrotanques, ambas cosas destinadas al abastecimiento del agua potable en comunidades vulnerables en La Guajira. De acuerdo con el expediente, el exasesor favoreció al contratista Luis Eduardo López Rosero a cambio de 1000 millones de pesos entregados como dádiva.
Como parte de un preacuerdo, el exfuncionario aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado; así mismo, se comprometió a devolver el dinero recibido.
Según las pruebas, fueron tres las cotizaciones que presentó Rodríguez Melo, vinculadas a Luis Eduardo López Rosero ante el subdirector de Manejo de Desastre, Sneyder Augusto Pinilla. De esta manera se pudieron definir los términos de una convocatoria que dio como resultado la adjudicación de un contrato por 40 carrotanques, valorado en 46.800 millones de pesos. Los vehículos estaban destinados a llevar agua a zonas afectadas por la crisis hídrica en el departamento de La Guajira.
Pedro Rodríguez Melo, durante el proceso, solicitó prisión domiciliaria y sustentó esta solicitud en problemas de salud y en el hecho de que es el proveedor económico de su hijo menor; el juzgado, sin embargo, determinó que el menor cuenta con una red de apoyo familiar y negó dicha petición.
Las autoridades continúan en el avance de las investigaciones para esclarecer la totalidad de las responsabilidades en este, uno de los mayores escándalos recientes de corrupción en Colombia.
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