El colmo pues. En medio de las inundaciones que tuvieron colapsadas varias vías del sur de Medellín este miércoles 28 de enero, un vigilante, al parecer por orden de la administración, estaría cobrando hasta $ 100.000 para permitir el paso de vehículos por el parqueadero de una unidad residencial.
El hecho quedó registrado en videos y audios que ya ruedan por redes sociales, donde se escucha claramente cómo se exige el dinero a conductores desesperados por salir del sector.
“Por orden de administración son los 100.000. Ya pueden pasar mientras pase este vehículo...”, se oye decir a una de las personas involucradas.
La única salida... y con cobro
Según denunciaron los afectados, la carretera principal se encontraba bloqueada por los daños ocasionados por las fuertes lluvias del miércoles 28 de enero, y la única alternativa de salida es atravesar la urbanización Altos de Santa Catalina, que conecta directamente con la Avenida Las Palmas.
Lo que debía ser una solución temporal, terminó convirtiéndose, según la comunidad, en una oportunidad de negocio para los aprovechados en plena emergencia.
Comerciantes, los más afectados
Uno de los testimonios más fuertes provino de un salón de belleza del sector, que, en conversación con El Colombiano aseguró que el cobro hacía imposible seguir operando:
“Hoy solo con clientes tendríamos que haber pagado 800.000 pesos de peaje a esta unidad. Preferimos cerrar antes que seguir permitiendo que estas cosas sucedan. El privilegio sigue nublando la empatía”.
Otros residentes señalaron que la situación no es nueva y que cada vez que hay lluvias fuertes, el problema se repite.
“Llevo varios años viviendo aquí y ya ha pasado como cuatro veces. En menos de un año ya van dos”, relató uno de los afectados al medio.
¿Eso es legal?
Expertos recordaron que en Colombia los peajes solo pueden ser establecidos por el Estado, a través del Ministerio de Transporte o concesiones viales, y únicamente en vías nacionales, departamentales o concesionadas, no en espacios privados como unidades residenciales.
La Superintendencia de Transporte ha reiterado que cualquier peaje requiere estudios técnicos, tarifas oficiales, normas publicadas y un contrato de concesión, requisitos que claramente no se cumplen en este caso.
Además, la responsabilidad no recaería solo en el vigilante. La administración de la unidad tiene el deber de garantizar que el personal de seguridad actúe conforme al reglamento interno y a las decisiones de la asamblea de copropietarios. Cualquier cobro debería estar debidamente aprobado, documentado y comunicado, cosa que, según los denunciantes, no ocurrió.
Los afectados hicieron un llamado urgente a la Policía y a la Secretaría de Seguridad, argumentando una vulneración al derecho a la libre circulación, más aún en medio de una situación de fuerza mayor, donde tampoco había presencia de maquinaria amarilla para atender la emergencia vial.
Hasta el momento no se ha identificado públicamente a la empresa de vigilancia ni a la administración del conjunto involucrado, pero el caso ya abrió un fuerte debate sobre los abusos que pueden darse en medio de una crisis.
Recuerde que, si usted ha sido afectado por esta situación, puede denunciar ante la administración, el consejo de convivencia, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada o la Personería de Medellín.
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