Luego de 40 años, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a nueve exmilitares del Ejército Nacional por su presunta participación en los actos de tortura contra civiles durante la retoma del Palacio de Justicia, hechos ocurridos entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, en Bogotá.
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Estos son los nueve exmilitares que fueron llamados como coautores impropios del delito de tortura agravada: Iván Ramírez Quintero, Edilberto Sánchez Rubiano, Fernando Blanco Gómez, Óscar William Vásquez Rodríguez, Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Gustavo Arévalo Moreno, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Bernardo Alfonso Garzón Garzón.
Según la resolución de acusación de la Fiscalía, recogida en documentos oficiales, la decisión se fundó en pruebas y testimonios que señalan que 11 víctimas fueron calificadas como “sospechosas” y recibieron trato cruel y degradante.
También fueron trasladadas a la Casa del Florero, a instalaciones militares y de la Policía Nacional, con el supuesto de que estarían vinculadas a la toma al Palacio de Justicia.
“Entre las víctimas hay dos estudiantes de derecho de una universidad privada que visitaban la sede judicial”, se lee en el documento de la Fiscalía.
Estas personas, al igual que la gran mayoría de civiles, hacían parte del personal que fue rescatado en medio de los enfrentamientos con el M-19 y llevados a varios lugares para ser interrogados en medio de humillaciones.
También se conoce que otro de los civiles torturados era un funcionario de obras públicas que se desplazaba en un bus rumbo a Zipaquirá (Cundinamarca). El hombre fue interceptado en un retén, tildado como guerrillero, conducido a una Escuela de Caballería del Ejército, golpeado y finalmente trasladado a la cárcel La Modelo de Bogotá donde permaneció detenido 15 días.
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La decisión es de primera instancia y proceden los recursos legales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 600 de 2000, puntualizó el ente acusador.
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