Ante las recientes denuncias presentadas por varias empleadas y exempleadas de Caracol Televisión, la Fiscalía anunció el inicio de las labores investigativas que permitieran determinar la comisión de posibles delitos y otras denuncias similares. Dicho proceso dio como resultado la terminación del contrato de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, dos de los nombres involucrados en dichas acusaciones.
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Con un comunicado publicado en las redes sociales del canal Caracol, que explicaba precisamente la terminación de ambos contratos laborales, el medio expresó reconocimiento y solidaridad a quienes alzaron la voz. Durante la tarde de este jueves, 26 de marzo, en suma a ese comunicado, el presidente de Caracol Televisión, Gonzalo Córdoba, también se pronunció a través de los medios digitales del canal.
“No vamos a justificar, minimizar ni esconder nada; la verdad es la única base posible para preservar la confianza”, expresó el presidente en una rueda de prensa, y agregó que la contingencia exige, además, una reflexión institucional. Dijo que, si bien algunos comportamientos y palabras pasaron por alto en el pasado, este es otro tiempo, y entre las responsabilidades de las organizaciones está la comprensión de ese cambio y actuar en consecuencia.
A raíz de lo sucedido, el canal tomó la decisión de avanzar en una investigación independiente que ponga el foco en los ajustes referidos para afrontar lo que venga en adelante.
“Este trabajo lo hará una comisión externa liderada por Catalina Botero Marino y contará con todas las garantías necesarias para asegurar que cada persona pueda ser escuchada con respeto y confidencialidad”, contó Córdoba, y explicó que Catalina ha sido magistrada auxiliar, conjuez de la Corte Constitucional y decana de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, entre otros cargos y roles.
“Nadie está por encima de la dignidad de otra persona; ningún talento, ningún cargo y ninguna trayectoria pueden vulnerar ese principio”, añadió, y explicó que desde el canal van a revisar sus protocolos, reforzar los canales de denuncia y asegurar que existan mecanismos claros y confiables, reconociendo que ninguna norma sustituye la responsabilidad individual y colectiva de construir una cultura de respeto.
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