Un carro bomba explotó la tarde del martes, 14 de septiembre, en el norte de Guayaquil, Ecuador, dejando al menos un muerto y cerca de 30 heridos, según reportaron las autoridades locales. La detonación ocurrió hacia las 6:30 p.m. (hora local), cerca de un centro comercial y unas oficinas vinculadas a la familia del presidente Daniel Noboa, lo que ha desatado una nueva ola de tensión en el país vecino.
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La Fiscalía General de Ecuador informó que abrió de oficio una investigación para esclarecer los hechos, mientras los equipos de emergencia trabajaron durante horas en la zona afectada, una concurrida área comercial y turística.
De acuerdo con el medio Ecuavisa, la explosión se originó en una camioneta que comenzó a arder y luego estalló, provocando graves daños materiales en vehículos y edificios cercanos. La víctima mortal sería un taxista que se encontraba en el lugar y que, junto con otros curiosos, se había acercado a observar lo que ocurría antes del estallido.
El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que se trata de un ataque con “elementos de elaboración profesional”, propios de grupos delincuenciales que buscan “sembrar el caos en el país”. Además, reveló que la Policía desactivó 4 explosivos más hallados en los alrededores y detonó de manera controlada otros encontrados en un segundo vehículo.
Las autoridades calificaron el hecho como “terrorismo puro y duro”, y no descartan vínculos con bandas criminales que operan en la zona costera del país.
Este es el segundo carro bomba que estalla en Guayaquil en menos de un mes, luego del atentado ocurrido el pasado 26 de septiembre cerca de la Penitenciaría del Litoral, que no dejó víctimas.
Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) rechazó las acusaciones del gobernador de Guayas, Humberto Plaza, quien insinuó que las explosiones podrían estar relacionadas con las protestas indígenas que se desarrollan desde hace 20 días. La organización calificó de “irresponsables y sin fundamento” esas declaraciones y acusó al Gobierno de Noboa de intentar “criminalizar la protesta social”.
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