“Yo no fui”: fiscal Camargo niega haber ordenado libertad de alias Calarcá
La fiscal general aclaró que no fue ella quien levantó las capturas y pidió un informe urgente sobre el caso.
La novela alrededor del caso de alias Calarcá sigue creciendo y ahora la propia fiscal general, Luz Adriana Camargo, salió a dar la cara. La funcionaria aseguró que no fue ella quien ordenó la libertad de este cabecilla de las disidencias ni de los otros capturados, como se ha dicho en las últimas horas.
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El asunto estalló luego de un informe de Noticias Caracol, que reveló supuestos archivos secretos donde Calarcá tendría contactos con miembros del Estado. Esa denuncia movió el avispero político y desató una fuerte discusión nacional.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue uno de los primeros en reaccionar. Dijo que este caso confirma lo que él ya había denunciado: que el Gobierno Petro habría tenido una actitud “blanda” con las disidencias.
Según Rendón, Calarcá fue capturado en Antioquia y liberado pocas horas después por decisiones del alto gobierno. Además, afirmó que ese grupo armado ha crecido un 70 % y estaría detrás de varios delitos. Por eso pidió que el presidente Petro, la fiscal Camargo y directivos de la DNI respondan por lo ocurrido.
Pero la polémica tomó más fuerza cuando se conoció otra revelación: que Calarcá tendría contactos en áreas de inteligencia del Estado y hasta en altos cargos del Ministerio de Defensa y de la Dirección Nacional de Inteligencia. Para varias fuentes, esto es gravísimo y piden que la Fiscalía investigue a fondo.
Ante todo este revuelo, la fiscal Camargo quiso dejar varios puntos claros. Contó que está esperando un informe de la fiscal de Medellín, quien lleva el caso, y recordó que las órdenes de captura de Calarcá ya habían sido suspendidas desde el 16 de enero de 2024, bajo la firma del exfiscal Francisco Barbosa, en el marco de gestiones relacionadas con el proceso de paz.
Aun así, Camargo fue enfática: suspender una orden de captura no significa frenar las investigaciones. Aseguró que las indagaciones siguen su curso y que los teléfonos decomisados no están “guardados en una gaveta”, como se ha dicho, sino en poder de la Dijin, que acompaña la investigación.
Por su parte, el ministro de Defensa Pedro Sánchez calificó la situación como “muy grave” y anunció una investigación interna que incluye procesos de contrainteligencia. También explicó que la llegada del general Huertas al ministerio fue orden directa del presidente Petro.
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