Ratificaron inhabilidad a exfuncionarios de Daniel Quintero
De acuerdo con la Procuraduría, Natalia Urrego y Jorge Enrique Liévano cometieron faltas graves al celebrar un contrato para el mantenimiento de las zonas verdes en Medellín.
La Procuraduría General de la Nación ratificó la destitución e inhabilidad de Natalia Urrego Arias, ex secretaria de Infraestructura y Jorge Enrique Liévano, ex director de Metroparques durante la administración de Daniel Quintero, por el escándalo del contrato del mantenimiento de las zonas verdes en la ciudad.
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La entidad sancionó a ambos exfuncionarios con nueve años de inhabilidad para aspirar a cargos públicos por su responsabilidad en la celebración de “un contrato sin que existieran estudios en los que se evaluaran las dificultades derivadas de la pandemia por Covid 19, lo cual provocó su prórroga”.
¿Qué pasó con el contrato de las zonas verdes de Medellín?
El escándalo se remonta a 2020, cuando la Secretaría de Infraestructura celebró un contrato con Metroparques para el mantenimiento de las zonas verdes. Oficialmente, el contrato fue suscrito el 3 de noviembre de 2020 y tenía que finalizar en febrero de 2021.
Sin embargo, terminó siendo prorrogado cinco meses más - hasta junio de 2021-, con la excusa de demoras en el cumplimiento por las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades para combatir la pandemia.
El contrato llamó la atención del ente de control que, tras investigarlo, determinó que, además de que hubo incumplimientos en el objeto del contrato, la ‘excusa’ que manifestaron para prorrogarlo no tenía bases, es decir, que no había ningún “hecho sobreviniente, imprevisible o irresistible, sino circunstancias preexistentes y plenamente conocidas al momento de su celebración”.
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La primera decisión fue emitida en agosto de este año y, tras ser apelada, se ratificó este sábado, 6 de diciembre.
La Fiscalía sigue investigando
Pero el caso del contrato no termina con la sanción de la Procuraduría, pues la Fiscalía General de la Nación está investigando otras irregularidades en este mismo caso.
A mediados de noviembre de este año, el ente acusador le imputó el delito de contratación sin requisitos legales, interés indebido y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública a Liévano, Urrego y un tercero, porque, al parecer, habrían escogido a dedo la empresa a la que se le adjudicó el contrato de las zonas verdes.
Según la Fiscalía, convocaron de manera irregular a tres empresas, propiedad de la misma familia, para adjudicar ese contrato de más $ 5000 millones, aún cuando ni siquiera cumplían los requisitos legales necesarios.
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