Asesinaron a dos policías en Betulia: los atacaron mientras patrullaban
Los uniformados fueron emboscados en Altamira, zona rural de Betulia.
La violencia volvió a golpear al Suroeste antioqueño. Dos policías fueron asesinados este domingo 9 de noviembre mientras patrullaban por el corregimiento Altamira, en Betulia. El ataque ocurrió hacia las 12:20 del mediodía y dejó como víctimas a los intendentes Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda, de 39 años, y Edwin Danilo Chamorro Bastidas, de 32 años.
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De acuerdo con la información conocida por este medio, los uniformados adelantaban labores de inspección rutinaria en una motocicleta oficial cuando fueron sorprendidos por hombres armados. Los atacantes habrían utilizado armas largas tipo fusil y, tras dispararles, les robaron sus armas de dotación antes de huir por la zona rural. En esta región existe injerencia del Clan del Golfo, y una comisión de Frente 34 de las disidencias de las Farc.
En un reporte, el comandante de la subestación de Altamira confirmó que se trató de un “plan pistola” contra la Policía. Los uniformados acumulaban una larga trayectoria en la institución: Gallego llevaba 19 años y 2 meses de servicio, mientras que Chamorro completaba 13 años y 9 meses.
El ataque se registró en el sector conocido como La Cumbre, zona apartada donde los uniformados cumplían su recorrido habitual. Tras el doble asesinato, se ordenó a todas las unidades activar medidas de seguridad y reforzar la presencia en el corregimiento mientras avanzan las labores de búsqueda.
El crimen encendió de nuevo las alarmas en el departamento, especialmente porque se suma a otras acciones violentas recientes contra la fuerza pública. Incluso, en la misma jornada el país estaba en máxima alerta por el atentado frustrado contra el Batallón Simón Bolívar en Tunja.
Organizaciones de derechos humanos recordaron que habían advertido sobre riesgos en esta zona del Suroeste por la presencia de grupos armados ilegales que disputan control y rutas.
La Gobernación de Antioquia, ofreció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que conduzca a la ubicación y judicialización de los responsables.
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