Más de 10.000 colombianos habrían sido reclutados como mercenarios en el mundo

Una misión de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) encendió las alarmas sobre el creciente reclutamiento de los colombianos para participar en conflictos armados en el exterior.

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De acuerdo con el Grupo de Trabajo, más de 10.000 ciudadanos colombianos habrían sido vinculados a este tipo de actividades en distintas regiones del mundo, como Sudán, República Democrática del Congo y Ucrania.

Entre el 16 y el 27 de marzo de este año, la delegación de la ONU realizó una visita con reuniones en Medellín, Bogotá y Cali, en donde estuvieron presentes autoridades, organismos de control, empresas de seguridad, organizaciones sociales y familias de personas reclutadas, lo cual permitió establecer que el fenómeno va en aumento.

Según los datos recopilados por la ONU, los ciudadanos colombianos, que son en mayoría exmilitares o exintegrantes de fuerzas de seguridad, son altamente demandados a nivel global y han respondido al llamado en países como Yemen, Somalia, pero también en redes de crimen organizado en América Latina.

Altos incentivos económicos, entre las razones detrás del reclutamiento

El informe señala varios factores que llevan a los colombianos a responder este tipo de convocatorias. En la lista se encuentra la falta de oportunidades laborales en el país, las dificultades de reintegración a la vida civil de los uniformados, y la promesa de un mejor salario, que oscila entre los 2000 y 6000 dólares mensuales (entre 7.324.947 a 21.974.842 pesos colombianos).

El reclutamiento de estos mercenarios se realiza a través de redes sociales o empresas de seguridad, agencias y particulares que actúan como intermediarios al ofrecer este tipo de empleos. Entre la información compartida en las convocatorias hay omisión de información y falsas promesas laborales, pues las condiciones en las que los reclutan constituyen, en muchas ocasiones, explotación o trata de personas, de acuerdo con el informe.

La falta de información se debe también a que los contratos no son del todo claros o están redactados en idiomas que los trabajadores no comprenden. No es sino hasta que llegan al país de destino que encuentran restringida su movilidad, son obligados a participar en combates y muchas veces quedan sin posibilidad de regresar. Las familias de quienes han muerto o desaparecido, además, enfrentan grandes dificultades para obtener información sobre su paradero o condiciones.

El fenómeno, según la ONU, está ligado a las condiciones estructurales del país, pues más de seis décadas de conflicto armado han dejado una amplia base de personal con entrenamiento militar especializado. Esto, sumado a la alta demanda internacional, ha convertido a Colombia en una fuente de mano de obra para la guerra.

Si bien el acuerdo de paz de 2016 supuso un avance en materia de derechos humanos y procesos de reintegración, la ONU señala que persisten vacíos normativos y dificultades para controlar el fenómeno.

“El uso de mercenarios está prohibido por el derecho internacional y representa una grave amenaza para los derechos humanos”, advirtió la misión, que presentará su informe completo ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2026.

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