Policías de la Sijín fueron acusados de extorsionar a un volquetero
Habrían llevado a cabo un operativo por una supuesta denuncia de robo, pero terminaron extorsionando al presunto implicado.
Por un presunto cobro de más de $ 350.000.000 a un transportador, en medio de un operativo irregular, la Fiscalía judicializó a cuatro investigadores de la Sijín de la Policía Metropolitana.
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El caso, ocurrido en noviembre del año pasado, es de no creer: de acuerdo con las averiguaciones de las autoridades, los investigadores, identificados como Diego Alejandro Correa Morales, Ramiro Cabeza Peñaranda, Andrés Mauricio Agudelo Giraldo y Erika Julieth Villa Farfán, habrían citado a la víctima en un parqueadero.
Estos funcionarios, según la investigación, se encontraron con el propietario de la volqueta a un parqueadero en Girardota, donde le informaron que lo tenían que capturar porque su carro estaba reportado como robado y tenía el motor regrabado.
En ese momento, los funcionarios habrían recibido $ 5.000.000 con el fin de no capturar al propietario, pero sí se llevaron al conductor de la volqueta que quedó a disposición de las autoridades.
Sin embargo, la cosa no quedó ahí porque al día siguiente, los uniformados volvieron a citar a la víctima en un centro comercial del oriente de Medellín, donde le presentaron al supuesto propietario verdadero del vehículo y lo presionaron para que les entregara $ 350.000.000 para no continuar con el proceso y no llevárselo capturado.
Además, ese mismo día los uniformados se llevaron la volqueta del parqueadero sin informar a dónde iba a ser trasladada.
No se dejó
La víctima no accedió a sus pretensiones y, en cambio, acudió a las autoridades para poner la respectiva denuncia. Una vez inició la investigación de la presunta extorsión, un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín logró la captura de los implicados el pasado 18 de marzo y les imputó los delitos de concusión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, cargos que no fueron aceptados.
Un juez los cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se lleva a cabo el respectivo proceso judicial.
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